Ampliación de pases a disponibilidad y purga interna
El grave incidente interprovincial sumó un nuevo capítulo de purga en la estructura policial. El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, ratificó la ampliación de las actuaciones a cargo de la Dirección de Asuntos Internos, elevando a 11 la nómina de agentes separados de forma preventiva de sus funciones. La medida busca deslindar responsabilidades tanto operativas como jerárquicas en el destacamento de la localidad fronteriza de 7 de Abril.
“Más allá de lo que hagan la Justicia Federal de Salta y la ordinaria de Tucumán, seguimos investigando administrativamente este caso, que reviste una enorme gravedad. Vamos a llegar hasta el fondo”, aseveró de forma tajante Girvau. Las sospechas no solo apuntan a la participación directa en el intento de robo del cargamento de estupefacientes, sino también a severas omisiones en la cadena de mandos, falta de controles y presuntas maniobras de encubrimiento interno.
El trasfondo del caso: un camuflaje “humanitario” y un vehículo robado
La trama criminal se originó en territorio salteño, cuando una camioneta Renault Duster —que transportaba 66 kilos de cocaína en un doble fondo y era conducida por la médica de Gendarmería Nacional Ivana Georgina Portal junto a la cosmetóloga Delia Yolanda Tame— fue emboscada y atacada a tiros por una banda civil armada que respondería a las órdenes de Jorge “Xuxa” Troichuque.
De forma llamativa, cuatro policías de la provincia de Tucumán se hicieron presentes en el lugar del hecho en Tartagal, argumentando posteriormente que un automovilista anónimo los alertó sobre una balacera y acudieron por “razones humanitarias”. Sin embargo, el fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, junto a los pesquisas, detectó un cúmulo de graves irregularidades:
- Móvil ilegal: Los uniformados se trasladaron fuera de los límites de su provincia a bordo de una camioneta que estaba bajo custodia judicial por robo y que carecía de autorización para circular.
- Libros adulterados: Ni la salida del personal tucumano ni el uso del rodado secuestrado fueron asentados en los registros del libro de guardia del puesto de 7 de Abril.
Frente a este escenario, en el plano judicial de Tucumán, el fiscal Carlos Saltor impulsó una causa penal por la utilización ilegal del vehículo incautado, expediente que quedó radicado en la fiscalía de Mariana Rivadeneira, quien ya notificó formalmente a los involucrados.
Sospechas de encubrimiento y limpieza de pruebas
Una de las hipótesis más complejas que analiza el fiscal Toranzos se centra en lo ocurrido inmediatamente después de la balacera en la ruta. Las pericias forenses practicadas sobre la carrocería de la Renault Duster constataron que el intercambio de proyectiles fue de alta densidad, pero las inspecciones oculares arrojaron un dato desconcertante: no se halló ninguna vaina servida en el suelo.
Para la Justicia Federal, existen fuertes indicios de que los policías tucumanos permanecieron en la escena con el propósito deliberado de recolectar y hacer desaparecer los casquillos de bala, entorpeciendo de este modo las pericias balísticas que permitirían identificar las armas reglamentarias o civiles utilizadas. A pesar de la supuesta limpieza del terreno, los peritos lograron recuperar plomos incrustados y procedieron al secuestro de las pistolas de los cuatro involucrados, de tres agentes de guardia en 7 de Abril y de los teléfonos celulares de toda la línea sospechosa.
La caliente “Triple Frontera del NOA”
El caso vuelve a poner el foco sobre la denominada “triple frontera del NOA”, una neurálgica zona limítrofe entre Tucumán, Salta y Santiago del Estero utilizada habitualmente como ruta de acopio y tráfico por clanes narcos y contrabandistas. En dicho sector ya se habían reportado tiroteos previos y un auto incinerado en pasos clandestinos.
Asimismo, la región arrastra otros escándalos recientes de corrupción institucional, como la detención de siete miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) acusados de percibir coimas para liberar el tránsito de bagayeros.
