El juez federal Ariel Lijo, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, ordenó que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deba informar y obtener autorización judicial previa ante cualquier intención de salir del país. La medida restrictiva, dictada en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, alcanza exclusivamente al exvocero presidencial y no a su esposa, mientras Comodoro Py desestimó los pedidos de detención formulados por los denunciantes.
Obligación de informar viajes y rechazo a la prisión preventiva
La situación judicial del exvocero de la administración de Javier Milei sumó su primera medida cautelar restrictiva. Tras evaluar un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo dispuso que Adorni notifique formalmente al tribunal cada vez que pretenda cruzar las fronteras nacionales, permitiendo que la Justicia evalúe de forma anticipada “la pertinencia y razonabilidad” de sus desplazamientos. Esta resolución buscó mitigar las versiones periodísticas que indicaban un posible plan del exfuncionario para radicarse en Uruguay tras su salida del Gabinete.
En paralelo, los tribunales de Comodoro Py desestimaron de forma tajante el pedido de detención y retención de pasaporte que habían impulsado la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, ambos denunciantes en el expediente. Para rechazar la prisión preventiva, la fiscalía argumentó que Adorni:
- Posee arraigo familiar y bienes declarados dentro del país.
- Carece de antecedentes penales computables.
- No ha interpuesto dilaciones ni “reparos innecesarios” que entorpezcan la investigación en curso.
A través de un escrito presentado por su defensor técnico, Matías Ledesma, el exjefe de ministros notificó oficialmente que permanece asentado en territorio argentino y que no proyecta viajes al exterior en el corto plazo.
Los testigos que complican al exvocero y la maniobra de las tarjetas
La decisión judicial se conoce tras una semana de intensas declaraciones testimoniales que agravaron la posición del exportavoz. Tres empleados y funcionarios pertenecientes al área de la Vocería Presidencial —Gisela Kocsis, Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma— reconocieron formalmente ante la Justicia haber prestado sus nombres y sus tarjetas de crédito particulares a Adorni.
Según la hipótesis de los investigadores, el exjefe de Gabinete utilizaba los plásticos financieros de sus subordinados para canalizar compras millonarias, una maniobra presuntamente diseñada para ocultar erogaciones de fondos fijos que no guardaban consistencia con sus ingresos lícitos declarados.
Asimismo, Pollicita desestimó que los contactos previos entre Adorni y el contratista Matías Tabar configuraran un delito de entorpecimiento, argumentando que fue el propio constructor quien terminó aportando los datos más comprometedores. Tabar ratificó haber realizado una remodelación y equipamiento de categoría en la vivienda del exfuncionario situada en el country Indio Cuá, reformas cuyo costo total ascendió a una base mínima de 245.000 dólares.
Próximos pasos: pericia contable y el origen de las criptomonedas
El futuro procesal de Manuel Adorni ingresará en una fase decisiva de cara a la feria judicial de invierno, prevista para dentro de tres semanas. El Ministerio Público Fiscal aguarda las conclusiones de un informe técnico integral que elabora la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), el cual determinará con precisión la magnitud de las inconsistencias patrimoniales del imputado y de su esposa, Bettina Angeletti.
Con ese documento técnico sobre la mesa, la fiscalía prevé emitir un requerimiento formal de justificación patrimonial. Esta instancia constituye la defensa previa donde Adorni deberá validar legalmente el origen de sus activos. Cabe recordar que, en declaraciones públicas, el exfuncionario argumentó poseer un capital no declarado de 500.000 dólares derivado de antiguas operaciones con criptomonedas, justificación que ahora deberá revalidar con documentación respaldatoria en sede judicial para evitar un inminente llamado a declaración indagatoria.
