A dos décadas de la disolución del tribunal especializado, un bloque de legisladores opositores presentó un proyecto para crear la Fiscalía Especializada en Corrupción y Criminalidad Económica dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF). La iniciativa busca dotar a la provincia de una estructura con autonomía presupuestaria y candados estrictos para evitar injerencias políticas en la investigación de delitos contra el Estado.
La propuesta ingresó formalmente por mesa de entradas impulsada por los legisladores Manuel Courel (Cambia Tucumán), José Seleme (Avanza Tucumán), Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). El objetivo central apunta a desarticular la impunidad en las administraciones provincial, municipal y comunal mediante un fuero exclusivo.
Selección por concurso y prohibición de antecedentes políticos
Uno de los ejes más salientes del proyecto radica en blindar la conducción del organismo frente a presiones partidarias o gubernamentales. Para ello, el texto estipula que el futuro fiscal anticorrupción deberá ser seleccionado mediante un concurso público de antecedentes y oposición gestionado por el Consejo Asesor de la Magistratura.
- Requisito excluyente: La normativa propuesta prohíbe de forma expresa que el postulante seleccionado haya ocupado cargos ejecutivos en el Poder Ejecutivo o desempeñado roles como autoridad partidaria.
- Independencia funcional: Se busca que el juzgamiento del poder político no dependa de coyunturas o jerarquías institucionales, permitiendo rastrear circuitos financieros complejos, contrataciones públicas y evidencias digitales sin interferencias.
Querella colectiva y participación ciudadana
La iniciativa también incorpora una herramienta clave para superar los escollos legales que históricamente limitaron el rol de los denunciantes particulares: la querella colectiva.
Mediante este mecanismo, se facultará formalmente a las organizaciones no gubernamentales especializadas en transparencia, así como a legisladores y concejales, a constituirse como parte querellante en los procesos por corrupción.
Los impulsores fundamentaron esta necesidad a partir de recientes antecedentes judiciales, como el rechazo que enfrentó el propio Courel al intentar querellar en una causa por enriquecimiento ilícito, bajo el argumento restrictivo de que los denunciantes “no son víctimas directas” del daño patrimonial estatal.
Antecedentes: un organismo que duró apenas cinco años
El debate por la restitución de este fuero retrotrae al escenario institucional de septiembre de 2005, momento en el cual la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió disolver la estructura original que operaba desde el año 2000.
En aquel entonces, la decisión de eliminar la Fiscalía Anticorrupción se fundamentó en criterios operativos vinculados a la carga de trabajo —el organismo concentraba unas 400 causas frente a los miles de expedientes que acumulaban las fiscalías de instrucción comunes—. Desde entonces, la investigación de los delitos contra la administración pública quedó diluida entre las distintas fiscalías ordinarias de la Capital, un esquema que la oposición ahora busca revertir de manera definitiva.
