En una sesión clave tras la presentación del Presupuesto 2027, la Cámara alta aborda este jueves 17 de septiembre dos iniciativas de fuerte impacto económico. El oficialismo busca sancionar la reforma fiscal mientras negocia consensos frente a la presión de los sectores agroindustriales por la regulación de los combustibles renovables.
El Senado de la Nación lleva adelante una jornada legislativa determinante para la agenda del Poder Ejecutivo con la discusión del proyecto de Inocencia Fiscal II y el nuevo marco regulatorio para biocombustibles. La sesión se desarrolla en la antesala de las discusiones presupuestarias del próximo año y tras la obtención del dictamen para ajustar los subsidios al gas en zonas frías, en medio de los reclamos de la agroindustria y de los sectores productivos del Norte Grande para acelerar definiciones sobre el esquema normativo del sector energético.
El proyecto de Inocencia Fiscal II llega con la aprobación dada por la Cámara de Diputados el pasado 26 de agosto e introduce modificaciones sustanciales en el vínculo entre los contribuyentes y la Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA). Entre sus puntos principales, la iniciativa elimina los límites de ingresos y patrimonio para el acceso al régimen simplificado, excluye explícitamente a funcionarios públicos de alto rango de los últimos cinco años del uso de los beneficios, eleva el piso para considerar “discrepancias significativas” a $5 millones y un 15% del impuesto determinado, otorga un plazo de 15 días hábiles para rectificar diferencias sin perder el “tapón fiscal” y establece una reducción automática del 25% en las multas para pymes y personas humanas.
Por otro lado, el debate en torno a los biocombustibles genera tensión por las diferencias en el tratamiento entre el bioetanol y el biodiésel. El texto impulsado propone un esquema progresivo de cortes obligatorios que establece un piso inicial del 7,5% de biodiésel en gasoil —que alcanzaría el 10% en un año— y un corte del 12% de bioetanol en naftas para elevarlo al 15%, abriendo además la posibilidad de libre negociación en un segmento del mercado. Entidades como la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) insisten en la urgencia de actualizar el marco para brindar previsibilidad a las inversiones y sostener el empleo en las provincias productoras.
