El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados durante los primeros minutos de este jueves y reúne medidas económicas, jurídicas, diplomáticas y de seguridad. Fue firmado por Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y el ministro de Economía Luis Caputo.
Qué cambia con el nuevo régimen
Uno de los principales cambios es que el proyecto amplía el alcance del régimen vigente desde 2011, que estaba concentrado principalmente en las actividades hidrocarburíferas.
La nueva propuesta contempla actividades relacionadas con recursos naturales renovables y no renovables y establece que su aprovechamiento en las áreas alcanzadas por la norma requerirá autorización de las autoridades argentinas. El proyecto también propone derogar la Ley 26.659, que actualmente regula las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.
Penas de hasta 20 años de prisión
La iniciativa establece diferentes sanciones para quienes participen de actividades consideradas prohibidas.
En los casos vinculados con la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las penas previstas pueden alcanzar los 12 a 20 años de prisión.
Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, el proyecto contempla penas de entre 15 y 20 años.
También se establecen multas calculadas en función del precio del petróleo, que pueden llegar hasta el equivalente a tres millones de barriles.
También alcanza a proveedores
El proyecto contempla sanciones para empresas que, con conocimiento del destino de sus servicios, colaboren con las actividades alcanzadas por la prohibición.
Para determinados proveedores, se establecen penas de entre cinco y siete años de prisión.
Además, las empresas involucradas podrían afrontar inhabilitaciones, suspensión de actividades y restricciones para contratar con el Estado, entre otras consecuencias.
El proyecto contempla también la posibilidad de revocar habilitaciones y suspender actividades por períodos de hasta 30 años, además de otras medidas sobre las compañías responsables.
Un régimen para abandonar las actividades
La iniciativa incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes abandonen las actividades consideradas prohibidas y cumplan determinadas condiciones.
El mecanismo permitiría regularizar la situación mediante el pago de multas o la reconversión de inversiones hacia actividades lícitas dentro de la Argentina. En determinados casos, el cumplimiento de esas condiciones podría extinguir la acción penal.
El proyecto también incorpora la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para determinados delitos incluidos en el nuevo régimen.
Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional
El proyecto no se limita a las sanciones vinculadas con los recursos naturales.
Otro de sus capítulos crea un Sistema de Seguridad Nacional, que busca coordinar áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica.
La conducción estará a cargo de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.
La propuesta también redefine el alcance de la seguridad nacional e incorpora cuestiones vinculadas con el territorio, el espacio marítimo y aéreo, el ciberespacio y otros intereses estratégicos del Estado.
Qué establece sobre aeronaves y buques
El proyecto incluye además un esquema de protección aeroespacial y marítima.
En el caso de aeronaves consideradas irregulares u hostiles, establece procedimientos para su detección, identificación e interceptación.
Para los buques, contempla distintas alternativas de intervención, que van desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia e inutilización, una vez agotadas otras opciones.
El hundimiento aparece como una medida militar excepcional frente a un buque considerado hostil y requiere autorización presidencial. El texto, a su vez, establece restricciones respecto de su utilización contra embarcaciones civiles como mecanismo policial.
El proyecto ahora deberá ser debatido en el Congreso
Con el ingreso de la iniciativa a Diputados comienza ahora la etapa de tratamiento parlamentario y negociación política.
El Gobierno había anunciado el proyecto el 3 de septiembre, en el marco de su respuesta al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. En aquella oportunidad, la Casa Rosada anticipó que la iniciativa incluiría herramientas diplomáticas, económicas, jurídicas y de seguridad para reforzar la posición argentina.
La propuesta deberá ser analizada por las comisiones correspondientes y obtener la aprobación de ambas cámaras del Congreso antes de convertirse en ley.
