El Ministerio Público Fiscal de Tucumán investiga una presunta organización dedicada a cometer estafas mediante suplantación de identidad, luego de que una pensionada de 74 años denunciara haber sido engañada por delincuentes que simularon ser empleados del Subsidio de Salud para obtener sus datos bancarios y gestionar un préstamo de $ 10 millones a su nombre.
La causa es instruida por la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Hevia. La pesquisa se centra, por el momento, en tres sospechosos: la persona que habría contactado telefónicamente a la víctima haciéndose pasar por personal del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán y los titulares de las cuentas bancarias a las que fue derivado el dinero, quienes ya aparecen vinculados en otros expedientes por maniobras similares.
El episodio ocurrió el 23 de julio, minutos antes de las 17. La mujer recibió una video llamada por WhatsApp desde un usuario identificado como “Atención Personalizada”, cuya fotografía de perfil exhibía el logo del Subsidio de Salud. Durante la comunicación, el interlocutor le aseguró que era necesario actualizar la cobertura del 100% en medicamentos y le ofreció realizar el trámite de manera remota.
Con ese argumento, el falso empleado le indicó que debía recibir una serie de códigos para completar la gestión y le solicitó fotografías de los medicamentos que utilizaba habitualmente. Luego, bajo el pretexto de finalizar el procedimiento administrativo, le pidió las claves de acceso al home banking del Banco Macro y de su cuenta de Tarjeta Naranja.
La pensionada, quien manifestó no tener conocimientos sobre plataformas digitales ni herramientas tecnológicas, siguió las instrucciones que le brindaban. Poco después de finalizar la comunicación, advirtió que habían gestionado un préstamo de $10 millones a su nombre.
Según la investigación, el dinero fue acreditado inicialmente en su cuenta sueldo del Banco Macro, luego transferido a una cuenta de Naranja X y, finalmente, enviado a cuentas de terceros que ya fueron identificadas por los investigadores.
Además del crédito obtenido de manera fraudulenta, los estafadores se apropiaron de los $ 248.000 que la víctima tenía disponibles en su cuenta bancaria al momento del hecho.
Tras descubrir las operaciones, la mujer pidió ayuda a una vecina y a sus hijos, quienes la acompañaron hasta la Comisaría Novena para formalizar la denuncia.
El abogado querellante Juan Guerrero solicitó que los responsables sean investigados por el presunto delito de estafa mediante suplantación de identidad. Según explicó, los investigadores siguen el recorrido del dinero y analizan si los involucrados forman parte de una organización criminal con mayor cantidad de integrantes dedicada a este tipo de maniobras.
El letrado indicó además que en otras causas con características similares los delincuentes convencían a las víctimas de instalar en sus teléfonos celulares un programa de acceso remoto denominado Supremo Mobile Assist. Mediante esa aplicación, obtenían el control de los dispositivos y podían realizar operaciones bancarias mientras hacían creer a los damnificados que estaban colaborando con el supuesto trámite administrativo.
En paralelo a la investigación penal, la defensa de la pensionada inició gestiones para intentar anular el préstamo y evitar que la entidad financiera descuente las cuotas del crédito al momento de acreditar su haber previsional.
Guerrero advirtió que la situación económica de la víctima es crítica, ya que las cuotas del préstamo rondan los $700.000 mensuales, mientras que la mujer percibe una pensión apenas superior al millón de pesos, lo que reduciría considerablemente sus ingresos disponibles para afrontar sus gastos básicos.
El representante legal sostuvo que se trata de maniobras especialmente graves porque los delincuentes aprovecharon la necesidad médica de la víctima y utilizaron el engaño para obtener un beneficio económico mediante el acceso a sus cuentas bancarias.
