En una medida de carácter inusual para explicar el sentido de sus sentencias, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— emitieron un comunicado oficial para fijar el alcance de su reciente fallo sobre la Ley de Tierras. El máximo tribunal remarcó que la resolución se limitó estrictamente a una cuestión procesal sobre la legitimación del CECIM, aclarando que no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del artículo 154 del DNU 70/2023.

Frente a la fuerte controversia y los duros cuestionamientos desatados en el arco político opositor, la Corte buscó despejar interpretaciones erróneas y envió mensajes directos tanto al Congreso como a los sectores que motorizan protestas.

Los ejes centrales de la aclaración del máximo tribunal

A través del comunicado institucional, el tribunal detalló los puntos clave que delimitan el alcance real de su resolución:

• Cuestión estrictamente procesal: La Corte ratificó que el fallo resolvió la falta de legitimación activa del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata para impulsar la demanda, ajustándose a la doctrina de sus precedentes históricos.
• Vigencia de otras vías judiciales: Los ministros aclararon que la sentencia no afecta a otras medidas cautelares en trámite. Cualquier ciudadano u organización que considere inconstitucional la venta de tierras rurales a extranjeros sin topes puede presentar una nueva acción cautelar.
• El trasfondo sust.,” la ley de tierras sigue abierta: El tribunal enfatizó que la controversia fundamental sobre la validez del artículo 154 del DNU y la ley 26.737 no ha sido resuelta. La Corte se expedirá sobre el fondo del régimen únicamente cuando lleguen reclamos debidamente habilitados.

Mensaje a la política y advertencia contra la descalificación

En un tramo político inusualmente explícito para un fallo judicial, el comunicado abordó la tensión institucional generada en torno a la decisión y cuestionó el tenor del debate público:

• Deslinde legislativo: La Corte subrayó que la resolución no obstaculiza la labor del Congreso, dejando abierta la vía para que la Cámara de Diputados debata y defina la validez del decreto presidencial, un reclamo latente en la oposición.
• Defensa institucional: El tribunal recordó su dilatada trayectoria en la protección de los recursos naturales y bienes colectivos, advirtiendo que «la crítica es correcta; la descalificación y el odio solo deterioran las instituciones y la democracia». En esa línea, señalaron que acudir a la vía judicial es el mecanismo adecuado en un sistema democrático, cuestionando los ataques volcados en redes sociales.