El Gobierno nacional presentó una solicitud formal de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para detener de forma urgente el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La medida se concretó tras vencerse el plazo de dos semanas otorgado al Reino Unido para paralizar las actividades unilaterales e ilegales en la plataforma continental argentina.
El pedido tramitado ante la sede del organismo en Hamburgo, Alemania, contempla cuatro requerimientos centrales formulados por la Cancillería encabezada por Pablo Quirno junto a la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal y la Procuración del Tesoro. En concreto, el Estado argentino exigió que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o continuación de la extracción de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion, que se abstenga de utilizar la información geológica y técnica obtenida en las exploraciones, que cese de impedir el cumplimiento de las obligaciones de protección del medio marino previstas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y que no otorgue nuevos permisos ni adopte decisiones que agraven la disputa de soberanía.
La acción judicial se enmarca en el procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y busca obtener una medida cautelar antes de la constitución del tribunal definitivo, invocando antecedentes procesales como el del buque escuela Fragata ARA Libertad en 2012. Mientras el proyecto desarrollado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration contempla iniciar perforaciones en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028, se prevé que los jueces del Tribunal del Mar analicen la competencia y la urgencia del caso para emitir una primera definición durante el mes de noviembre.
