Universidades públicas de todo el país vuelven a movilizarse este jueves en la quinta Marcha Federal Universitaria para exigir que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
La convocatoria se realiza en medio de un conflicto entre el Ejecutivo y las universidades por la actualización de los presupuestos, los salarios del personal y las becas estudiantiles. Los sectores convocantes sostienen que el cumplimiento de la ley es necesario para garantizar el funcionamiento de las instituciones, el dictado de clases y el desarrollo de la investigación.
La jornada tiene lugar un día después de que la Justicia dispusiera una multa diaria de $100.000 contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la recomposición salarial docente y la actualización de las becas.
La multa judicial por el financiamiento universitario
El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick dispuso la sanción económica hasta que se cumpla la medida cautelar. La decisión respondió a una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), luego de que vencieran los plazos de los apercibimientos enviados al Gobierno.
Según la resolución, la actualización debe tomar como referencia una inflación acumulada del 40,25% entre enero de 2023 y julio de 2025, además de contemplar ajustes mensuales posteriores. La medida también ordena a la Jefatura de Gabinete realizar las reasignaciones presupuestarias correspondientes.
Pese a la decisión judicial, las organizaciones universitarias mantienen la convocatoria y reclaman que la normativa se aplique de manera efectiva.
El reclamo por los salarios docentes
La pérdida del poder adquisitivo es uno de los ejes centrales de la protesta. Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) sostienen que el Gobierno acumula una deuda salarial del 32% respecto de los aumentos previstos por la ley.
La secretaria general del gremio, Laura Carboni, ejemplificó el reclamo con el salario de un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva. Según detalló, ese cargo percibió en octubre un básico bruto de $561.659, cuando debería haber cobrado $741.111 de acuerdo con los cálculos de la organización.
Carboni advirtió que el deterioro de los ingresos afecta a quienes trabajan en aulas y laboratorios. Además, desde AGD-UBA señalaron que más de 1.200 docentes e investigadores dejaron sus puestos en la UBA, una situación que, según el sindicato, perjudica la continuidad de la enseñanza y la investigación científica.
Los reclamos también incluyen una actualización de los fondos destinados al funcionamiento de las universidades y un aumento de las becas para estudiantes.
Quiénes participan y dónde se movilizan
La concentración principal está prevista frente al Congreso de la Nación, con la participación anunciada de la CGT, las dos CTA, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), agrupaciones estudiantiles y organizaciones políticas.
ATE convocó a un paro de 24 horas para acompañar la jornada. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, afirmó que habrá “expresiones de esta lucha en toda la Argentina”.
La CGT también expresó su respaldo a las universidades públicas y destacó su papel en el acceso al conocimiento y en la ampliación de oportunidades educativas y laborales.
Además de la movilización central, se anunciaron actividades en distintas ciudades del país. En Esquel, por ejemplo, la concentración está prevista para las 17 en la Plaza del Cielo.
La quinta Marcha Federal Universitaria vuelve a poner en discusión el financiamiento de la educación superior, los salarios del personal y las condiciones de funcionamiento de las instituciones. Mientras continúa el conflicto judicial y político, la comunidad universitaria reclama que la ley se traduzca en recursos concretos para sostener la actividad académica.
