La investigación judicial en torno a las controvertidas operaciones con derivados sobre oro realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó una nueva y pesada escalada formal.

El abogado denunciante Gregorio Dalbón amplió la presentación penal apuntando directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet; y el subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro, exigiendo medidas urgentes de prueba, allanamientos y la citación a declaración indagatoria de todos los funcionarios implicados.

La ampliación de la denuncia se sustenta en los datos arrojados por el informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025, aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN). De acuerdo con los documentos oficiales, dichas operaciones con opciones de oro como activo subyacente registraron un quebranto monumental equivalente a unos u$s1.023 millones, integrado por un saldo negativo directo de las opciones y los pagos en concepto de primas. Ante este escenario, la presentación judicial busca determinar cómo se estructuraron los contratos, cuál fue la cobertura efectiva obtenida por la autoridad monetaria, si los precios de ejercicio resultaron razonables y si existió un perjuicio patrimonial deliberado en detrimento de la administración pública bajo figuras como administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y una presunta asociación ilícita.

Uno de los ejes centrales de la nueva presentación pone la lupa sobre la presunta participación del Deutsche Bank como una de las contrapartes en las transacciones con el metal precioso, las cuales habrían funcionado como mecanismos de cobertura ante una eventual caída de precios mediante la venta a terceros del derecho a comprar oro por debajo de la cotización internacional.

En este marco, el escrito advierte sobre la total falta de transparencia respecto a los montos percibidos en concepto de comisiones, honorarios o márgenes por las entidades financieras intervinientes, señalando que circularon estimaciones públicas superiores a los u$s60 millones que ahora la Justicia debe verificar con rigor pericial. Asimismo, la denuncia cuestiona que el BCRA se habría negado a entregar las copias de los contratos a la AGN y recuerda los vínculos laborales previos que Caputo y Bausili mantuvieron con la entidad bancaria internacional, un antecedente que exige esclarecer los mecanismos de selección de contrapartes y los controles aplicados.

Para blindar la prueba documental y electrónica ante el riesgo de modificaciones o supresiones, Dalbón solicitó formalmente al magistrado interviniente que ordene el allanamiento y la obtención de copias forenses de los servidores y correos institucionales de la Presidencia, el Directorio y las áreas técnicas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos del organismo.

El requerimiento abarca las comunicaciones sostenidas durante los años 2024 y 2025 con el Deutsche Bank y demás actores financieros involucrados en la operatoria. Finalmente, el letrado requirió la intervención de peritos contadores especializados en instrumentos derivados, la cooperación internacional de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y que los cuatro altos funcionarios sean citados a prestar declaración indagatoria para responder por el millonario perjuicio al patrimonio estatal.