La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó revisar el planteo oficial contra la continuidad de la ejecución de la cautelar que exige actualizar salarios y garantizar fondos para becas. La decisión no define si la medida sigue vigente.
La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó una nueva apelación del Gobierno de Javier Milei contra la decisión de mantener en marcha la ejecución de una medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas y garantizar los fondos para las becas estudiantiles.
La Sala III aceptó el planteo del Estado luego de que el juez de primera instancia, Martín Cormick, rechazara el recurso. De esta manera, el Gobierno podrá cuestionar ante la Cámara la continuidad del trámite judicial que busca asegurar el cumplimiento de la cautelar.
Qué resolvió la Cámara
La nueva resolución permite revisar una decisión de Cormick que dispuso continuar con la ejecución de la medida cautelar en un incidente separado de la causa principal.
El Gobierno también cuestiona la intimación para que cumpla con la orden judicial bajo apercibimiento de multas diarias. Esas sanciones quedaron suspendidas provisoriamente el 15 de octubre, cuando la misma Sala III habilitó otra apelación oficial.
Los jueces aclararon que conceder este nuevo recurso no significa adelantar una posición sobre el cumplimiento de la cautelar ni sobre su vigencia. Esos puntos deberán resolverse durante el trámite judicial.
Los argumentos del Gobierno
En su presentación, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación sostuvieron que el Estado ya había cumplido íntegramente con la medida cautelar. Además, argumentaron que la orden tenía un límite temporal que, según su interpretación, ya venció.
Con esos fundamentos, el Gobierno cuestionó que continuara abierta la ejecución y advirtió que podía quedar expuesto a sanciones si no cumplía dentro del plazo establecido, aun cuando considera que la medida ya no está vigente.
La Cámara entendió que rechazar la apelación podía ocasionarle al Estado un “gravamen irreparable” y habilitó la revisión del planteo.
La causa por el financiamiento universitario
El conflicto judicial se originó en una demanda del Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025, que condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso identificara las fuentes de los recursos.
El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la norma. El Gobierno apeló la sentencia, que se tramita en el expediente principal.
Por su parte, la cautelar en discusión exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles, según los parámetros establecidos por la ley.
La nueva decisión judicial habilita otra instancia de discusión para el Gobierno, pero no deja sin efecto la cautelar ni determina que haya vencido. La disputa continuará mientras se resuelven los recursos presentados por el Estado.
