
El organismo cuestionó las acciones legales impulsadas por Miguel Chaibén Terraf contra seis periodistas que investigan contrataciones y obras públicas vinculadas al Tribunal de Cuentas de Tucumán.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por las acciones legales impulsadas por el presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Chaibén Terraf, contra seis periodistas vinculados al programa El Avispero y al sitio Enterate Noticias.
El organismo advirtió que las medidas podrían constituir un intento de censura previa y representar un riesgo para la libertad de expresión y el trabajo periodístico en la provincia.
Las acciones legales contra los periodistas
Los periodistas alcanzados por las actuaciones son Mauricio Formoso, Roque Galeano, José Ignacio Sbrocco, María Eva Amarú Orlando, Juan Pablo Merino y Álvaro Aurane, quienes investigan contrataciones y obras públicas relacionadas con el ámbito de actuación del Tribunal de Cuentas.
Según informó FOPEA, Terraf inició un proceso de mediación civil por presuntos daños y perjuicios y envió cartas documento en las que exigió, en un plazo de 48 horas, que cesara la difusión de determinados contenidos, se eliminaran las publicaciones y se dejara de utilizar su imagen institucional.
Frente a estas medidas, la entidad periodística sostuvo que las intimaciones representan un posible intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
FOPEA defendió el interés público de las investigaciones
FOPEA señaló que los informes cuestionados abordan asuntos de interés público vinculados con el manejo de fondos estatales. En ese sentido, recordó que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio sobre sus actos de gestión.
El organismo también hizo referencia a la doctrina de la real malicia y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para respaldar la importancia de proteger la investigación periodística sobre asuntos públicos.
Además, advirtió que las acciones judiciales contra periodistas pueden generar un efecto inhibitorio y desalentar nuevas investigaciones.
El antecedente de 2024
El comunicado también recordó que en 2024 se habían registrado situaciones de amedrentamiento contra integrantes de los mismos equipos periodísticos.
Para FOPEA, este nuevo episodio vuelve a poner en discusión las condiciones para ejercer el periodismo en Tucumán, especialmente cuando las investigaciones involucran a funcionarios y organismos estatales.
La entidad expresó su preocupación por el impacto que este tipo de medidas puede tener sobre la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público.
