El Gobierno de Tucumán acordó con la Administración Nacional desistir de dos demandas iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, por la reducción de impuestos coparticipables. La decisión forma parte de un convenio destinado a compensar deudas y créditos entre ambas jurisdicciones y facilitar el ordenamiento de las finanzas provinciales.
La medida quedó formalizada mediante el decreto provincial 1680/3 (MEyP), firmado en julio y publicado este jueves en el Boletín Oficial de Tucumán. La norma aprueba el acuerdo celebrado el 23 de julio entre el ministro de Economía provincial, Daniel Abad, y su par nacional, Luis Caputo.
El entendimiento se inscribe en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), implementado por la Nación en 2024 para regularizar compromisos financieros pendientes con las provincias.
Además, permite a Tucumán cumplir una de las condiciones vinculadas con el esquema de anticipos financieros autorizado en abril mediante el decreto nacional 219/2026, que contempló asistencia para 12 distritos por un monto global de hasta $ 400.000 millones.
El convenio establece un mecanismo para reconocer, compensar y determinar los saldos de las obligaciones existentes entre la Provincia y el Estado nacional, así como las condiciones para su cancelación.
Uno de sus puntos centrales es el abandono de dos acciones judiciales presentadas por Tucumán en 2019, cuando el Gobierno de Macri dispuso modificaciones tributarias que afectaban recursos distribuidos mediante el régimen de coparticipación federal.
Los conflictos se originaron por los decretos nacionales 567/2019 y 561/2019. El primero estableció una alícuota del 0% de IVA para determinados alimentos, mientras que el segundo introdujo cambios en el Impuesto a las Ganancias, el Monotributo y los aportes previsionales.
Aunque ambas decisiones fueron presentadas como medidas para aliviar la situación económica, el Gobierno tucumano cuestionó que su costo fiscal recayera sobre fondos que correspondían a las provincias.
Según un informe de la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, aquellas disposiciones comprometían los ingresos coparticipables y podían provocar una reducción significativa de los recursos provinciales.
La presentación judicial permitió obtener dos medidas cautelares favorables de la Corte Suprema durante octubre de 2019.
La primera, dictada el 1 de octubre, estableció que la disminución de la recaudación del IVA debía ser afrontada por la Nación con recursos propios. Una segunda resolución, del 8 de octubre, adoptó un criterio similar respecto de las modificaciones en Ganancias.
Desde la Fiscalía de Estado sostuvieron que esas decisiones permitieron preservar los ingresos provinciales y evitar que las medidas tributarias nacionales afectaran las transferencias correspondientes a Tucumán.
Posteriormente, con la firma del Consenso Fiscal 2020, ambos expedientes quedaron suspendidos. La derogación de las normas cuestionadas y los acuerdos fiscales posteriores llevaron al Ejecutivo provincial a considerar que las acciones judiciales habían cumplido su finalidad.
El decreto 1680/3 autoriza ahora a la Dirección Judicial de la Fiscalía de Estado a formalizar el desistimiento de las demandas.
En sus fundamentos, el Gobierno provincial señala que el convenio permitirá ordenar las obligaciones financieras con la Nación, mejorar la disponibilidad de recursos del Tesoro y contribuir al equilibrio de las cuentas públicas.
Sin embargo, el instrumento difundido no precisa qué monto concreto resultará de la compensación ni cuánto dinero adicional podría recibir Tucumán como consecuencia del acuerdo.
La decisión también se relaciona con una estrategia más amplia del Gobierno nacional para reducir los litigios económicos con las provincias.
El proyecto de Presupuesto nacional 2027, enviado al Congreso por la administración de Milei, destaca que durante 2025 y 2026 se avanzó en la reorganización de las relaciones fiscales entre ambas jurisdicciones.
En ese documento, el Ejecutivo nacional sostiene que el REOR permitió disminuir la conflictividad judicial mediante el desistimiento de 37 procesos iniciados por gobiernos provinciales.
Dos de esos expedientes corresponden a las demandas que Tucumán había promovido contra las medidas tributarias de 2019.
De esta manera, el acuerdo cierra un capítulo del enfrentamiento judicial por los recursos coparticipables y consolida un mecanismo de compensación financiera entre la Provincia y la Nación.
El alcance económico definitivo de la operación dependerá de los saldos que se determinen y de las condiciones de cancelación establecidas en el convenio firmado por ambas administraciones.
