Francia atraviesa este sábado 24 de octubre una nueva jornada de movilizaciones contra el Gobierno de Emmanuel Macron. Las protestas reúnen a estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales que cuestionan el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos.
Ante el temor de que se repitan los episodios de violencia registrados el fin de semana anterior, las autoridades desplegaron alrededor de 70.000 policías y gendarmes en distintas ciudades del país.
Un amplio operativo para evitar nuevos disturbios
El dispositivo de seguridad incluye unidades policiales especiales, vehículos blindados, helicópteros y drones en las principales zonas de concentración.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán con firmeza ante posibles hechos de violencia.
La decisión responde a los incidentes del 17 de octubre, cuando las manifestaciones derivaron en enfrentamientos, saqueos y destrozos. Según los reportes oficiales citados por la prensa francesa, alrededor de 3.000 comercios resultaron dañados o fueron saqueados.
Comercios cerrados y restricciones al transporte
En París, numerosos negocios reforzaron sus vidrieras con paneles de madera y algunas cadenas comerciales decidieron cerrar sus locales de manera preventiva.
También suspendieron sus actividades importantes espacios culturales, como el Museo del Louvre, el Museo de Orsay y el Grand Palais.
Las autoridades dispusieron, además, el cierre de 24 estaciones de subterráneo y modificaciones en distintos servicios de transporte público para limitar la circulación en las zonas de mayor concentración.
Reclamos sociales y críticas al Gobierno
Las movilizaciones están impulsadas por sectores estudiantiles, organizaciones sindicales y representantes del movimiento de los chalecos amarillos, que reclaman medidas frente al encarecimiento de la vida.
Los organizadores convocaron a cientos de acciones en distintos puntos del país, mientras el Gobierno estableció restricciones para algunas marchas por razones de seguridad.
Las medidas provocaron cuestionamientos de dirigentes opositores y organizaciones sindicales, que consideran que las prohibiciones podrían afectar el derecho a manifestarse.
La jornada representa una nueva prueba para el Gobierno de Macron, que busca evitar una escalada de violencia en medio del creciente malestar social.
