La consultora ambiental María Inés Canelada advirtió sobre el inminente tratamiento en Diputados de la flexibilización de la Ley de Glaciares. Explicó que, aunque en la provincia no existen masas de hielo superficiales, los “glaciares de escombros” en las altas cumbres son los que garantizan el caudal de los ríos Lules, Vipos y Gastona durante las sequías.
En una mañana de definiciones clave en el Congreso de la Nación, la consultora ambiental María Inés Canelada pasó por los micrófonos de Bisturí | Periodismo al hueso para desgranar el impacto de la reforma de la Ley 26.639. Con una mirada crítica sobre la celeridad del tratamiento legislativo, la experta señaló que la flexibilización de los estándares de protección responde a una “presión geopolítica sobre los recursos” y a una agenda marcadamente extractivista.
“Muchos proyectos mineros quedaron detenidos por esta ley que protege no solo la zona glaciar, sino también la periglaciar”, recordó Canelada. El temor de la especialista radica en que la reforma delega en las provincias la facultad de decidir qué zonas proteger, en un contexto donde muchas jurisdicciones están “alineadas con la minería” y podrían relajar los controles ambientales.
El “tesoro invisible” de Tucumán: Los glaciares de escombros
Ante la consulta de por qué este tema debería preocupar a los tucumanos el tratamiento de la Ley de Glaciares, Canelada aclaró un error común: la idea de que en la provincia no hay glaciares. Si bien no existen bloques de hielo como el Perito Moreno, Tucumán posee glaciares de escombros.
“Son masas de hielo mezcladas con piedra que están en nuestras altas cumbres. En el periodo estival, ese hielo se derrite y es lo que alimenta a ríos vitales como el Vipos, Lules, Gastona, Balderrama y Medinilla. Muchas poblaciones dependen exclusivamente de esos cursos de agua”, detalló la consultora.
La protección de estos ecosistemas de altura es fundamental para la biodiversidad y para asegurar el suministro hídrico en una provincia que ya sufre los efectos del cambio climático. “Estamos viendo lugares donde antes había hielos eternos y hoy ya no hay nada; flexibilizar la ley en este contexto es sumamente riesgoso”, advirtió.
Minería responsable vs. Minería sustentable
Canelada marcó una distinción técnica necesaria en el debate actual: la imposibilidad de hablar de “minería sustentable”. Según su visión, aunque los minerales son necesarios para la transición energética (pasar de combustibles fósiles a energías renovables), la explotación debe ser responsable y bajo estrictas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
“La minería no es sustentable por definición, porque agota el recurso. Lo que debemos exigir es seriedad en la toma de decisiones. No podemos permitir evaluaciones de impacto ambiental con 14 años de antigüedad, como ocurrió en proyectos del sur, cuando hoy tenemos la mitad del agua disponible”, sentenció.
El peligro de la falta de políticas de Estado
La entrevista cerró con una reflexión sobre la fragilidad institucional de Argentina. Mientras otros países mantienen sus leyes ambientales como políticas de Estado, Canelada lamentó que en nuestro país la protección de los recursos naturales quede sujeta a la “conveniencia del gobierno de turno”.
Si bien hoy no hay grandes emprendimientos mineros en la provincia, la flexibilización de la norma abre la puerta a que futuros intereses de mercado avancen sobre territorios hoy protegidos, poniendo en jaque el acceso al agua de las próximas generaciones.
