El gobernador Osvaldo Jaldo endureció su discurso tras la ola de amenazas de tiroteo y el hallazgo de armas en colegios tucumanos. En declaraciones exclusivas a La Gaceta, reclamó que la Justicia sea implacable: “No tomemos estas medidas cuando estemos discutiendo sobre un féretro”, sentenció.
Ante la creciente preocupación por la seguridad escolar, el mandatario provincial fue categórico al solicitar que se terminen las “benevolencias”. Jaldo exigió que cualquier alumno hallado con armas o responsable de amenazas sea detenido y expulsado de manera inmediata de la institución.
“El que comete un delito debe ser enviado a Benjamín Paz (Instituto Padre Brochero). No puede poner en riesgo a un colegio”, afirmó el gobernador, visiblemente molesto por casos recientes donde menores que portaban armas fueron enviados de regreso a sus casas por disposición judicial.
Responsabilidad penal para los padres
Uno de los puntos más fuertes del reclamo oficial apunta al entorno familiar. Jaldo instó a la Justicia a que los padres y tutores asuman las consecuencias de los actos de sus hijos:
- Responsabilidad civil y penal: Los padres deberán responder legalmente por los delitos cometidos por los menores.
- Sanciones a instituciones: Las escuelas y colegios que no garanticen el cuidado de los alumnos o ignoren los protocolos podrían enfrentar la pérdida de subsidios estatales.
- Decreto 772/7: El gobernador recordó que este instrumento legal ya faculta a las autoridades para profundizar las medidas de expulsión y aprehensión.
Despliegue policial preventivo
Mientras la Justicia define el alcance de las sanciones, la seguridad en las calles ya se ha reforzado. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, ratificó que hay 2.500 efectivos custodiando los establecimientos educativos en toda la provincia.
Para Jaldo, la presencia policial no es suficiente si no hay un correlato en las sanciones judiciales: “A esto hay que darle un corte de cuajo, no da para más”, concluyó.
