El fiscal Gerardo Pollicita pidió que el expediente pase a la Justicia en lo Penal Económico. Consideró que no hay pruebas suficientes para sostener un enriquecimiento ilícito, aunque advirtió que persisten posibles irregularidades en los ingresos y las operaciones financieras del exfuncionario.
La investigación judicial sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni podría cambiar de rumbo. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa deje de tramitar bajo la figura de enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si existieron delitos tributarios.
El planteo se produjo después de analizar la documentación presentada por Adorni para justificar el origen de su patrimonio, especialmente los fondos que aseguró haber obtenido mediante inversiones en Bitcoin antes de incorporarse al Gobierno nacional.
Según la evaluación del fiscal, las pruebas reunidas no permiten descartar esa explicación y, por lo tanto, resultan insuficientes para sostener la hipótesis de un incremento patrimonial injustificado durante su paso por la función pública.
Sin embargo, el pedido no implica el cierre de la causa ni el sobreseimiento del exfuncionario.
Pollicita señaló que todavía existen aspectos que requieren investigación, principalmente posibles irregularidades en la declaración de ingresos, las tenencias de dólares y las operaciones con criptomonedas.
La solicitud deberá ser resuelta por el juez federal Ariel Lijo, quien definirá si corresponde trasladar el expediente a la Justicia especializada.
Los gastos que despertaron sospechas
La investigación analizó la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
Durante ese período, la fiscalía identificó gastos por US$402.578, de los cuales aproximadamente US$374.000 habrían sido abonados en efectivo.
También detectó una diferencia superior a los $43 millones entre los ingresos comprobados y los gastos realizados.
En septiembre, Adorni presentó un descargo en el que respondió a 20 requerimientos relacionados con propiedades, préstamos, viajes y gastos familiares.
Su principal argumento fue que había invertido cerca de US$200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018 y que posteriormente obtuvo US$591.544 mediante la venta de esos activos, dinero que aseguró haber conservado en efectivo.
Qué determinaron las pericias sobre las criptomonedas
Para verificar esa explicación, la fiscalía ordenó analizar ocho direcciones digitales aportadas por la defensa.
Los especialistas confirmaron que las billeteras existían y registraban actividad entre 2014 y 2018. También comprobaron que sus claves estaban bajo control de la defensa al momento de la verificación.
No obstante, no pudieron establecer quién administraba esas billeteras durante el período investigado, ni identificar completamente a las personas involucradas en las operaciones.
Por otra parte, el análisis de los ingresos históricos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, concluyó que la inversión declarada no era económicamente imposible, aunque tampoco pudo confirmar que las transacciones se hubieran realizado exactamente como sostuvo la defensa.
Ante estas limitaciones, Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para refutar la explicación sobre el origen de los fondos.
Ahora, la Justicia deberá determinar si corresponde continuar la investigación por posibles delitos tributarios, mientras se aguarda la decisión de Lijo sobre el cambio de competencia.
