La ola de amenazas y pintadas intimidatorias que afectó a diversas instituciones educativas de Tucumán entró en una nueva fase judicial con un fuerte impacto económico para las familias de los implicados. La Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, comenzó a citar a los padres de los menores identificados, advirtiéndoles que el Estado provincial analiza iniciar acciones civiles para que costeen los millonarios gastos derivados de los operativos de seguridad y la parálisis del ciclo lectivo.
Responsabilidad civil por encima de la minoridad
Durante las entrevistas realizadas este viernes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) fue tajante al explicar que, si bien la edad de los menores puede frenar una condena penal, esto no exime a los progenitores de su responsabilidad civil. La justicia busca que las familias compensen la erogación de fondos públicos destinados a movilizar brigadas de Criminalística, Delitos Telemáticos y patrulleros, además del despliegue de personal especializado que debió intervenir ante cada evacuación y rastreo tecnológico.
Un precedente para frenar la psicosis en la comunidad educativa
El objetivo del MPF es sentar un precedente que detenga la proliferación de estas “bromas” que generan zozobra en las escuelas públicas y privadas. Las autoridades detallaron que los hechos investigados no se limitaron a vandalismo menor, sino que provocaron una compleja coordinación entre directivos, equipos de contención y el Poder Judicial. Con esta medida, se busca que los padres asuman las consecuencias de las acciones de sus hijos, entendiendo que el despliegue del Estado ante una amenaza falsa representa un costo real que afecta a toda la sociedad.
