Un matrimonio presentó 53 órdenes apócrifas para retirar medicamentos y pañales a nombre de su hija con discapacidad. Tras ser imputados por el Ministerio Público Fiscal, accedieron a una probation que incluye un resarcimiento económico y trabajo comunitario.
Un matrimonio procesado en Tucumán por falsificar la firma de un médico y utilizar recetas apócrifas para retirar pañales y medicamentos a nombre de su hija discapacitada deberá pagar una reparación económica de $500.000 y realizar trabajos comunitarios para evitar el juicio oral.
El caso es investigado por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafa y Cibercriminalidad I, conducida por Diego López Ávila. Según detalló la auxiliar de fiscal Emely Rafael, la maniobra delictiva desplegada por Elizabeth Romano y Nicolás Álvarez consistió en concurrir de forma sistemática a la mesa de entradas de la Unidad de Gestión Provincial del programa Incluir Salud Tucumán. Allí presentaron un total de 53 recetas médicas apócrifas con membrete del Hospital Obarrio, utilizando los datos de un médico nefrólogo, imitando su caligrafía y sin su consentimiento, con el claro fin de obtener un beneficio económico ilegítimo.
A través de este engaño, la pareja inició expedientes administrativos tramitados entre abril de 2024 y julio de 2025 para acopiar insumos y medicamentos tales como:
- Pañales descartables para adultos.
- Materiales de curación (algodón).
- Medicamentos específicos (Hipoglós, amoxicilina, ibuprofeno y Barex Unipeg).
División de roles y un allanamiento clave
De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, los acusados se distribuyeron las tareas para garantizar el éxito del fraude. Romano, aprovechando su carácter de apoderada ante la Anses de la menor beneficiaria, se encargaba de la presentación física de las recetas truchas y de lograr las auditorías aprobatorias. Por su parte, Álvarez asistía a las farmacias oficiales con convenio para proceder al retiro físico de los insumos, firmando los comprobantes con su propio DNI.
La maniobra delictiva fue descubierta por la médica auditora del programa, quien advirtió serias anomalías caligráficas en una orden de pañales. Tras contactar al médico damnificado y confirmar que él no había firmado los documentos, se radicó la denuncia penal.
En octubre del año pasado, un allanamiento en el domicilio de los acusados arrojó resultados contundentes. Los efectivos policiales secuestraron:
- Más de cien recetarios con membretes del Hospital Obarrio.
- Anotadores comerciales y dos teléfonos celulares.
- Un gran acopio de cajas cerradas de Hipoglós, bolsas de pañales y decenas de paquetes de algodón.
Imputación y beneficio de la “probation”
El Ministerio Público Fiscal imputó formalmente al matrimonio como coautores de los delitos de documento falso o adulterado en concurso ideal con estafa en perjuicio de la administración pública.
Asesorados por su abogado defensor, Miguel Luna, los acusados solicitaron una suspensión de juicio a prueba (probation). La propuesta, aceptada por la fiscalía y homologada por la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci, consiste en el pago de los $500.000 a modo de resarcimiento y la obligación de cumplir tres horas semanales de tareas comunitarias en una fundación de Yerba Buena durante el plazo de un año.
“Entendemos que es un caso bastante particular y que lo atraviesan situaciones de vulnerabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la particular situación de salud en la que se encuentra la menor”, manifestó la representante del MPF al avalar la salida alternativa para el matrimonio.
