La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó este miércoles un nuevo capítulo con la declaración de un testigo considerado relevante para el expediente.
Se trata de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas que figura como acreedora en la operación vinculada al departamento ubicado en Caballito. Su testimonio es tomado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca reconstruir el circuito del dinero utilizado en la compra del inmueble.
Documentación y análisis de movimientos
Al igual que otros testigos que ya pasaron por tribunales, Miano fue requerido para presentar su teléfono celular, facturas, comprobantes de pago y cualquier documentación relacionada con expensas o refacciones de la propiedad.
El objetivo de la fiscalía es verificar si los movimientos financieros coinciden con lo declarado por el funcionario y determinar si existieron irregularidades en la operación.
Según consta en la causa, la madre de Miano, Claudia Sbabo, fue una de las personas que le prestó dinero a Adorni para concretar la compra del departamento. En su declaración previa, la mujer aseguró que accedió al préstamo sin cobrar intereses y explicó que contaba con fondos provenientes de operaciones inmobiliarias y actividades comerciales familiares.
También indicó que fue su hijo quien le sugirió otorgar ese crédito, un dato que ahora la Justicia busca profundizar con la nueva declaración.
De acuerdo a la investigación, Adorni habría entregado una parte del dinero en efectivo —unos 30 mil dólares— y el resto quedó financiado con plazo de cancelación hasta noviembre.
Uno de los puntos que genera mayor atención en el expediente es la ausencia de intereses en esos préstamos, algo que los investigadores consideran atípico para este tipo de operaciones.
La declaración de Miano se suma a la del arquitecto Matías Tabar, quien días atrás detalló las obras realizadas en una propiedad del funcionario en un country.
Según su testimonio, las refacciones incluyeron trabajos estructurales importantes y demandaron una inversión significativa, lo que amplió las dudas sobre la relación entre ingresos declarados y gastos efectuados.
El expediente, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, apunta a reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete mediante el análisis de propiedades, movimientos bancarios y registros oficiales.
Entre las medidas en curso, la Justicia solicitó informes a organismos públicos y entidades financieras para determinar si existe una desproporción entre los ingresos declarados y los bienes adquiridos.
