El Gobierno nacional dispuso una actualización significativa en los montos y criterios del Plan Alimentar —ex Tarjeta Alimentar—, el principal beneficio alimentario del Plan Nacional “Argentina Contra el Hambre”.
La medida se oficializó mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Así, quedó establecida una suba del 38 % en los valores vigentes y redefinieron los criterios de acceso para madres, padres y embarazadas que perciben asignaciones sociales. El pago continuará siendo mensual y el monto exacto dependerá de la cantidad de hijos y de la situación particular de cada familia, en consonancia con las disponibilidades presupuestarias y financieras del Estado nacional.
De acuerdo con lo dispuesto, la Prestación Alimentar se mantendrá como un complemento no remunerativo dirigido a hogares con niños, adolescentes, personas con discapacidad y embarazadas en situación de vulnerabilidad social. La acreditación se realiza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en articulación con otras políticas de asistencia e inclusión social.
A partir de la entrada en vigencia de la resolución, cada titular de la Prestación Alimentar recibirá un monto mensual, según la siguiente escala: quienes tengan un hijo percibirán $72.250; quienes tengan dos hijos cobrarán $113.299; y quienes tengan tres o más hijos recibirán $149.425. La normativa también contempla situaciones específicas, como embarazadas que perciben la Asignación Universal por Embarazo. a partir del tercer mes y padres de hijos con discapacidad, quienes acceden a los importes de acuerdo con la cantidad de hijos y los criterios de focalización establecidos.
La actualización del Plan Alimentar representa, en palabras de los funcionarios, una medida central para asegurar el acceso a los alimentos y reforzar la protección social, en un contexto donde la mejora de los indicadores sociales es atribuida al impacto de las políticas públicas de seguridad alimentaria y asistencia a los hogares con menores recursos. La entrada en vigencia será a partir de mayo de 2026 y alcanzará a todos los beneficiarios que cumplan con los criterios definidos en la nueva normativa..
