El concejal Leandro Argañaraz presentó un ambicioso proyecto para que el Municipio de San Miguel de Tucumán asuma el control del sistema cloacal y avance hacia un esquema de concesión privada. Ante el desborde constante de aguas servidas y la falta de respuestas de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), el edil propone una solución de fondo que termine con años de reclamos vecinales.
“Hoy hay aguas servidas en muchísimas esquinas y los vecinos están cansados de convivir con esta situación; la SAT no da respuestas y el tucumano termina de rehén de un servicio que paga pero no funciona”, sostuvo Argañaraz. Su iniciativa surge en un contexto donde las pérdidas cloacales y los malos olores afectan directamente la salud pública y la calidad de vida en numerosos barrios.
Los puntos clave de su propuesta incluyen:
- Municipalización del servicio: Que la capital asuma la responsabilidad del sistema que inicia y concluye dentro de su ámbito geográfico.
- Licitación pública: Incorporar empresas especializadas mediante un esquema de privatización que garantice inversión y capacidad operativa.
- Control y sanciones: El nuevo esquema permitiría al Estado tener el control necesario para reemplazar a las empresas ante cualquier incumplimiento contractual.
Para Argañaraz, no se trata simplemente de cambiar una administración estatal por otra, sino de profesionalizar el servicio: “Si el sistema actual no funciona, hay que animarse a discutir alternativas; la privatización obligaría a las empresas a hacerse responsables por el servicio”. El concejal fue enfático al señalar que en pleno 2026 no se puede normalizar la convivencia con aguas servidas en las calles.
El debate por el boleto y el problema de las concesiones
Aunque el foco está puesto en la crisis sanitaria de la SAT, Argañaraz también mantiene su postura crítica respecto al sistema de transporte público. Ante el pedido de incremento del boleto por parte de los empresarios al Concejo, calificó de “inviable” la cifra de $2.400 solicitada por los empresarios, pero advirtió que el aumento es solo un parche ante un problema estructural mayor: la falta de licitaciones.
El edil explicó que, al no tener líneas concesionadas de manera definitiva, las empresas tucumanas no pueden acceder a créditos bancarios para renovar sus flotas. “Sin una seguridad jurídica que garantice la concesión por varios años, es muy difícil que se invierta en nuevas unidades”, señaló. Por ello, aboga por una reforma que incluya corredores integrados y un llamado a licitación que permita la llegada de nuevas empresas y competencia real al sector.
