Con una lista de más de 30 expositores, un plenario de comisiones del Senado continuará esta tarde con el debate del proyecto que modifica la normativa vigente de salud mental, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo.
Las disertaciones confirmadas para las 14 de hoy, y los ya asegurados encuentros extra que habrá para discutir este tema -hay al menos 60 invitados en total— descartan las críticas realizadas días atrás por el kirchnerismo, que acusó al Gobierno de querer avanzar rápido con la iniciativa en cuestión.
Durante la jornada se escucharán, entre otros, el titular de la Asociación Argentina de Psiquiatras, Ricardo Marcelo Corral; su par de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), Marcelo Clingo; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y las Violencias en el Ámbito de la Salud de Buenos Aires, Julieta Calmels; y el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Sebastián Malgá.
El plenario está conformado por las comisiones de Salud y de Legislación General de la Cámara alta. Ambas son presididas por legisladoras libertarias: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez, respectivamente. A finales del mes pasado se consumó la primera reunión. Allí, la administración central envió a la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, quien aseveró: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.
La funcionaria explicó que el texto en cuestión es fruto de decenas de diálogos con “pacientes, familiares, ONGs, las 24 jurisdicciones” y, además, con “todos los casos de dominio público” sobre la mesa.
Esto fue objetado por la senadora cristinista y médica Lucía Corpacci (Catamarca), quien le espetó: “Son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley”. Y agregó: “Los citaron a un encuentro, la comentaron y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”.
Según González, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.
Tras ello, detalló conceptos más puntuales para evitar diagnósticos imprecisos y subjetivos. En particular, puso especial énfasis en la “conformación de un equipo interdisciplinario, que debe tener psiquiatras” para “diagnosticar cuadros orgánicos de salud mental”.
La idea del Gobierno es que, ante el apuro para tomar una decisión y, en caso de que un médico clínico se halle ante una situación de ese estilo, en 24 horas aparezcan lineamientos de dicho equipo. Otro punto que mencionó, ante sistemas ambulatorios, es que un juez pueda supervisar —tras la intervención inicial en un caso grave— por seis meses.
Por su parte, Corpacci no olvidó mencionar el embrollo actual sobre el financiamiento -en general- del sistema sanitario y puntualizó en el hospital Laura Bonaparte. Coincidió en ello su colega de interbloque Fernando Salino. En ese sentido, el puntano sumó: “Fue cruento”.
Se define la sesión
Los jefes de bloque mantendrán, desde las 18, la cumbre de Labor Parlamentaria. Allí se definiría sesionar pasado mañana, desde las 16. El horario, más corrido de lo habitual, se dará para darle margen a la audiencia pública -pliegos judiciales- ya fijada de antemano, que comenzará a las 10.
Excepto los dictámenes relacionados con ascensos diplomáticos -aún en duda-, el resto del temario parece consensuado: un acuerdo con holdouts por u$s171 millones; la prórroga del programa nacional de entrega de armas; y cinco años más de camarista federal para Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia.
