Este martes 12 de mayo, la comunidad académica protagoniza una nueva manifestación masiva frente al Congreso. Los datos oficiales reflejan un ajuste histórico que ubica la inversión por estudiante en su nivel más bajo en dos décadas y mantiene los salarios docentes con una pérdida de poder adquisitivo superior al 30%.
La comunidad universitaria nacional vuelve a las calles en lo que representa la cuarta marcha federal contra la política educativa de la gestión de Javier Milei. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) encabeza el reclamo centrado en la aplicación de la ley de financiamiento, una normativa que el Congreso ratificó tras un veto presidencial pero que hoy se encuentra judicializada. La movilización de esta tarde, prevista para las 17 horas, ocurre en un contexto de asfixia presupuestaria que afecta desde el mantenimiento básico hasta la investigación y la salud.
Presupuesto 2026: una contracción del 18,4% real
Para el ciclo lectivo actual, según Chequeado, el Gobierno asignó una partida de $4,8 billones. Sin embargo, al cruzar esta cifra con la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, el resultado arroja una caída real del 18,4% respecto al año pasado. Si la comparación se traslada a 2023, el recorte es aún más drástico, alcanzando el 42%. Durante el primer cuatrimestre de este año, los giros efectivos a las casas de altos estudios cayeron un 30,7% comparado con el último año de la gestión anterior. Los gastos de funcionamiento, aquellos destinados a pagar la luz, el gas y el mantenimiento de infraestructura, sufrieron un retroceso del 40,8%, poniendo en jaque la operatividad diaria de las facultades.
Hospitales universitarios en situación crítica
La crisis golpea con especial dureza a la red de salud dependiente de las universidades, como los hospitales vinculados a la UBA. En los primeros cuatro meses de 2026, el Ejecutivo sólo ejecutó el 9,3% del presupuesto total destinado a esta área. Esta parálisis en el envío de fondos se traduce en una caída real del 86,4% respecto a 2023. El desfinanciamiento de estas instituciones no solo afecta la formación de nuevos profesionales, sino que impacta directamente en la atención sanitaria de miles de pacientes que dependen de estos centros de alta complejidad.
Salarios y la inversión por estudiante más baja desde 2004
El capital humano de las universidades también refleja el impacto del ajuste. Según registros de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), un docente con dedicación simple y una década de antigüedad percibe un salario bruto de apenas $332 mil. En términos reales, los sueldos del sector han caído un 34,2% desde noviembre de 2023.
Esta situación se traduce en que la inversión per cápita por cada uno de los 2,5 millones de alumnos inscriptos se redujo a $2,4 millones anuales. Se trata del valor más bajo registrado desde el año 2004, según el informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El sistema, que emplea a unas 220 mil personas entre docentes, no docentes y autoridades en 61 instituciones nacionales, enfrenta una fuga de profesionales hacia el sector privado o el exterior ante la degradación de sus ingresos.
El laberinto judicial de la Ley de Financiamiento
El trasfondo político de la marcha de este 12 de mayo es la disputa por la ley sancionada en agosto de 2025. Dicha norma establecía un mecanismo de actualización automática de partidas y salarios según el índice de inflación. Aunque el Congreso logró rechazar el veto presidencial y ratificar la ley, su aplicación efectiva está congelada. El pasado 7 de mayo, la Justicia suspendió la vigencia de la normativa, habilitando al Gobierno a llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia. Mientras el máximo tribunal define el futuro de la ley, las universidades operan bajo una incertidumbre financiera que, según los rectores, hace imposible planificar el segundo cuatrimestre del año.
