Pese al acompañamiento al oficialismo de algunos gobernadores, el Gobierno volvió a pasar la motosierra por las transferencias a las provincias. Perdieron 970 mil millones de pesos de un plumazo.
Pese a que varios gobernadores todavía mantienen una postura colaborativa con el gobierno de Javier Milei, el nuevo ajuste que firmaron este lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a pasar la motosierra por las cuentas provinciales. Del total de 2,5 billones de pesos de recorte dispuesto a través de la resolución administrativa 20/2026, conocida este lunes, unos 970.000 millones corresponden a un ajuste directo sobre provincias y municipios, entre cancelación de transferencias y suspensión de obras de saneamiento y de las escasas obras de infraestructura hídrica que seguían en ejecución en el país. El monto se suma a lo que las provincias vienen perdiendo mes a mes por la caída de la coparticipación y de las recaudaciones locales, además de los fondos específicos que la Nación ya les había recortado.
Por más que las noticias sigan centradas en el espectacular cambio de nivel de vida que experimentó Manuel Adorni desde su llegada a la función pública, el jefe de Gabinete no tuvo reparos en estampar su firma en la decisión de “reordenar las cuentas públicas”, un eufemismo con el que el Gobierno busca justificar una nueva poda sobre áreas que considera secundarias, como salud, educación y obra pública. Del total del recorte, el golpe más fuerte vuelve a recaer sobre provincias y municipios. Entre otras medidas, se suspenden obras hídricas como el Acueducto Vipos en Tucumán, el Sistema de Agua Potable de Concordia, en Entre Ríos, la planta depuradora de Rafaela, en Santa Fe y el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubur. Se trata de proyectos comprometidos con gobernadores aliados o eventualmente afines al oficialismo, muchos de los cuales suelen acompañar las iniciativas de la Casa Rosada en el Congreso.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el mandatario peronista más cercano a la Casa Rosada, hace menos de un mes había mostrado como un logro personal el avance en la obra Vipos. “Es un proyecto estratégico que brindará una solución definitiva al abastecimiento de agua potable para vecinos y vecinas de Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y San Miguel de Tucumán”, había expresado en una foto junto al ministro Caputo donde le entregaban copia de la adjudicación de la obra. En realidad, un acting para que Jaldo tenga algo para justificar su apoyo al gobierno de Milei, en contra de la postura del peronismo nacional. “El trabajo conjunto es el camino para llevar soluciones concretas a nuestra gente”, argumentó. Menos de un mes después, el mismo Caputo firmó la suspensión de la obra en virtud del nuevo ajuste.
Algo similar ocurre con el entrerriano Rogelio Frigerio, aliado electoral de La Libertad Avanza, quien la semana pasada se reunió con Caputo y con el ministro del Interior, Diego Santilli. Junto a sus ex compañeros de la gestión macrista, Frigerio había anunciado “rutas, transporte y obras de agua y saneamiento para Entre Ríos”, varias de las cuales ahora quedaron alcanzadas por la suspensión dispuesta en el nuevo ajuste. “La Planta Potabilizadora de Concordia, que está muy cerca de terminarse, conseguimos el compromiso de que se finalice en los próximos meses”, había celebrado entonces el gobernador. Ahora deberá seguir esperando.
El politólogo Nicolás Tereschuk aportó un dato llamativo sobre el recorte general en obra pública. Según su análisis, el Gobierno habría estimado cuánto recortar en todo el país y luego distribuyó ese monto de manera uniforme entre las distintas tareas de mantenimiento que se venían realizando en cada provincia. Bajo esa lógica, el ajuste terminó siendo de 940.523.960 pesos por distrito, sin distinguir entre provincias grandes o pequeñas, ni entre obras urgentes o aquellas que podían esperar. Una forma poco habitual de recortar.
Pero los recortes para las provincias no se limitan a la obra pública. Las transferencias corrientes a las administraciones provinciales se redujeron en 494.290 millones de pesos, mientras que otros 155.710 millones vinculados a servicios sociales también fueron eliminados. En ese esquema, el fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud sufrió una poda de 25.000 millones de pesos.
