Cuatro efectivos policiales serán llevados a juicio oral acusados de haber secuestrado y extorsionado a un joven en Tucumán durante un procedimiento ilegal ocurrido en febrero de 2024.
Según la investigación federal, los policías privaron ilegalmente de la libertad a la víctima, la golpearon y exigieron dinero a su familia para liberarla.
Los imputados son Ángel Sebastián Gómez, Sergio Daniel Díaz y Franco Javier Jiménez, además del civil Facundo Nahuel Amaya, quien tendrá un proceso separado tras permanecer prófugo durante varios meses.
La acusación también alcanza al comisario Gustavo Ezequiel Morales, señalado como presunto partícipe del hecho.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, los acusados se presentaron en un barrio privado sobre avenida Silvano Bores al 300 y se llevaron por la fuerza a un joven identificado como L.G., presuntamente vinculado a la venta de marihuana.
La víctima fue trasladada en un automóvil particular hasta la Jefatura de Zona III, ubicada en el sur de San Miguel de Tucumán.
Según el expediente, durante el trayecto y dentro de la dependencia policial el joven recibió golpes y amenazas.
La investigación sostiene que posteriormente los acusados se comunicaron con la madre de la víctima para exigirle dinero a cambio de liberar a su hijo y evitar problemas judiciales.
Finalmente, la mujer entregó $240.000.
El fiscal federal Agustín Chit reunió distintos elementos considerados claves para avanzar con el caso.
Entre las pruebas aparecen mensajes de Telegram y WhatsApp donde los acusados hablaban sobre el operativo y reclamaban “apurar a la vieja” para cobrar el dinero.
También resultó determinante el testimonio de un policía de guardia, quien confirmó que el joven estuvo dentro de la dependencia policial esa noche.
La investigación estableció además que no existía ninguna causa judicial contra la víctima ni registros oficiales de su ingreso a la base policial.
El juez federal Guillermo Díaz Martínez rechazó los planteos de las defensas y resolvió enviar la causa a juicio oral.
Los policías serán juzgados por secuestro extorsivo agravado por la participación de funcionarios policiales y por el cobro de rescate.
Además, la Justicia habilitó a la víctima y a su madre a iniciar una demanda civil contra el Estado.
