En una nueva presentación judicial, el fiscal general requirió embargar el inmueble porteño de la expresidenta, una propiedad que no estaba incluida en la nómina inicial de activos cautelados. La solicitud abarca también otros doce inmuebles y activos financieros pertenecientes a su entorno familiar.
El frente judicial de Cristina Fernández de Kirchner sumó un nuevo capítulo de tensión. El fiscal Diego Luciani formalizó un pedido de decomiso sobre el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, lugar exacto donde la exmandataria se encuentra cumpliendo la pena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario por la Causa Vialidad.
La presentación del Ministerio Público Fiscal no se limita únicamente a esta vivienda, sino que exige el decomiso de otras doce propiedades adjudicadas a la expresidenta. Asimismo, la solicitud de Luciani incluyó de manera expresa el embargo y la incautación del contenido de dos cajas de seguridad en moneda extranjera que se encuentran a nombre de su hija, Florencia Kirchner.
El impacto logístico y político ante una eventual mudanza
Si el tribunal interviniente hace lugar al requerimiento de la fiscalía y convalida el decomiso de la propiedad de Constitución, se generará una modificación obligatoria en las condiciones de detención de la exjefa de Estado. En ese escenario, se verá forzada a seleccionar otro de los inmuebles declarados dentro de su patrimonio para trasladar allí el cumplimiento efectivo de su condena.
Este movimiento implicaría además un fuerte impacto en la dinámica política que rodea a la exmandataria. La pérdida del departamento de la calle San José anularía el histórico balcón que utiliza con frecuencia para interactuar, saludar y emitir mensajes directos a las agrupaciones políticas y militantes que se concentran periódicamente en las inmediaciones del edificio.
Polémica en redes y la continuidad de las actividades militantes
El pedido fiscal coincide con un momento de alta exposición pública de la expresidenta. En las últimas horas se desató una controversia en las plataformas digitales debido a la viralización de un video que la mostraba descendiendo de un vehículo oficial en la vía pública, custodiada por su equipo de seguridad y saludando a personas a la distancia, lo que despertó cuestionamientos de usuarios sobre el cumplimiento del régimen de reclusión. Ante las dudas, allegados a su entorno aclararon que el traslado se debió a una consulta odontológica programada que contaba con la correspondiente y debida autorización del juzgado.
Pese al pedido de decomiso y las controversias, el sector político que responde a la expresidenta mantendrá su agenda de actividades en las puertas del domicilio de Constitución. Para este sábado está prevista una nueva convocatoria bajo la consigna “Unos mates con Cristina”, organizada por el espacio Casa Cristina Libre, una estructura vinculada al Instituto Patria y a la agrupación La Cámpora. El evento, que incluye radio abierta y movilización callejera, busca transformar la situación de detención y lo que denuncian como una “proscripción” en una bandera permanente de cara al armado electoral de 2027.
