
Sectores sindicales, campesinos e indígenas piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. EE.UU. denuncia un intento de “desestabilización”.
El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz intenta destrabar la paralización que afecta a La Paz desde hace dos semanas. Protestas convocadas por sectores sindicales, campesinos e indígenas reclaman aumentos salariales y exigen la renuncia del mandatario, seis meses después de su asunción.
Las manifestaciones interrumpieron el tránsito en las principales rutas nacionales que conectan al centro político y administrativo del país, donde está la sede del Ejecutivo. Hay 15 puntos de bloqueo en La Paz y sus alrededores, según fuentes locales.
Tras dos semanas de movilizaciones y enfrentamientos, se profundizó la escasez de productos básicos y alimentos, lo que provocó subas de precios y un desabastecimiento creciente de insumos médicos. Medios bolivianos denunciaron falta de oxígeno en hospitales, un problema crítico para la atención sanitaria.
“El desabastecimiento de alimentos y combustibles es evidente”, afirmó el analista Raúl Peñaranda, director del sitio Brújula Digital.
¿Qué está ocurriendo en Bolivia?
Autoridades nacionales y representantes de sectores sociales de La Paz y El Alto desarrollan negociaciones con el objetivo de reducir la conflictividad. Durante el fin de semana se realizaron reuniones para consensuar un plan de trabajo entre el gobierno y los distintos grupos que mantienen el virtual sitio de la ciudad.
Las protestas están encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país. La demanda inicial solicitaba un aumento salarial del 20%, pero con el paso de los días se transformó en un pedido de renuncia del presidente, que asumió el 8 de noviembre tras el fin de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Al reclamo sindical se fueron sumando otros sectores: docentes rurales y urbanos, y luego los mineros cooperativos informales, quienes alcanzaron con rapidez un acuerdo con el Ejecutivo, según declaraciones de Peñaranda.

La tensión escaló cuando la Policía y las Fuerzas Armadas procedieron a desarticular bloqueos en distintas rutas para habilitar el ingreso de combustibles, medicamentos y oxígeno hacia La Paz mediante un “corredor humanitario”, informó la agencia Erbol. Los manifestantes reaccionaron con lanzamiento de piedras y cargas de dinamita. Ante el riesgo de un enfrentamiento más grave, el gobierno retrocedió para evitar un “derramamiento de sangre”. No se informaron víctimas fatales.
Fuentes periodísticas, como el diario El Deber, consignan que los puntos de protesta se mantienen con vigilias en las principales autopistas nacionales, manteniendo la presión sobre el Ejecutivo y la continuidad del conflicto.
