Sigue el escándalo por las elecciones de la Universidad Nacional de Tucumán. Este lunes, los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala presentaron una denuncia penal contra integrantes de la Junta Electoral de la UNT, a quienes acusan de haber desobedecido la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones que suspendió la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato consecutivo y de haber incurrido además en presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La presentación fue realizada ante la Fiscalía Federal y apunta contra Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández, miembros de la Junta Electoral universitaria. En el escrito, Cabrera y Abdala sostuvieron que las conductas denunciadas “encuadran en la conducta, típica, antijurídica y culpable de los delitos de desobediencia a la autoridad judicial (art. 239 CP) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP)”.
La denuncia penal aparece en medio del complejo conflicto institucional abierto por la posibilidad de que el actual rector Pagani se presentara para un tercer período consecutivo al frente de la UNT.
Todo comenzó meses atrás, cuando Cabrera y Abdala -candidatos opositores al rectorado y representados por el abogado Gonzalo Casas– promovieron una acción declarativa de certeza para que la Justicia interpretara los artículos 17 y 190 del nuevo Estatuto universitario y definiera si el actual rector estaba habilitado para competir nuevamente.
En una primera instancia, el juez federal Guillermo Díaz Martínez rechazó el planteo al considerar que no existía un “caso” concreto. Sin embargo, luego de que Pagani formalizara su candidatura, la Cámara Federal de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó como medida cautelar que la UNT “se abstenga de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos a Rector o Vicerrector que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado”.
Además, el tribunal integrado por Fernando Poviña, Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Patricia Moltini (con la disidencia de Mario Leal) dispuso “la suspensión de los trámites de candidaturas a los cargos de Rector y Vicerrector para el período 2026-2030” respecto de quienes se encontraran alcanzados por esa situación.
¿Qué dice la denuncia penal?
Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta contra la resolución mediante la cual la Junta Electoral aplazó la Asamblea Universitaria prevista para el 20 de mayo y remitió el tema al Consejo Superior para adecuar el cronograma electoral. Para los denunciantes, esa decisión carecía de sustento normativo y excedía por completo las atribuciones del órgano electoral universitario.
“Esta segunda resolución fue dictada sin que existiera norma estatutaria, reglamentaria ni orden judicial alguna que habilitara a la Junta Electoral a aplazar la Asamblea”, afirmaron Cabrera y Abdala. En otro tramo sostuvieron que “la Junta Electoral simplemente debía enviar a la Asamblea Universitaria el 20 de mayo nuestra fórmula”.
La denuncia incluso avanza sobre la interpretación penal de esas conductas. “Con este proceder consistente en torcer e incumplir lamedida cautelar -entendemos- que la conducta de los denunciados ha caído presuntamente en la conducta antijurídica, típica y culpable del delito de desobediencia a la autoridad judicial”, afirmaron los denunciantes.
