La concejal alfarista Ana González se presentó ante el Ministerio Público Fiscal para denunciar un “patrón sistemático” de convenios irregulares con cooperativas de trabajo. La acusación abarca los presuntos delitos de malversación, incumplimiento de deberes y cohecho, además de enriquecimiento ilícito contra el contador general. Desde el municipio capitalino rechazaron los cargos, defendieron la legalidad de los actos y acusaron a la edila de buscar un “rédito político”.
La gestión de la intendenta Rossana Chahla en San Miguel de Tucumán enfrenta su primera gran embestida judicial. Según informó La Gaceta, la concejal Ana González, con el patrocinio letrado del abogado Juan Macario Santamarina, formalizó una extensa presentación penal ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) que apunta al corazón del gabinete municipal. La denuncia cuestiona una docena de contrataciones directas que acumulan un desembolso global de $2.700 millones de pesos.
La acusación formal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo alcanza a cinco firmas clave de la administración:
- Luciano Chincarini (Secretario de Servicios Públicos)
- Camila Giuliano (Secretaria de Gobierno)
- Marcelo Albaca (Contador General del municipio)
- Rodrigo Gómez Tortosa (Secretario General)
- Sebastián Ruiz Toscano (Secretario de Economía y Hacienda)
El núcleo de la denuncia: las cooperativas y la “falsa urgencia”
Según el texto de la presentación, se detectó una modalidad administrativa reiterada para eludir los mecanismos obligatorios de licitación pública. La edila opositora argumenta que las áreas municipales justificaron “situaciones de necesidad y urgencia” para contratar de manera directa servicios que, por su naturaleza, resultaban plenamente “ordinarios, previsibles y programables”.
La presentación judicial detalla severas anomalías en el padrón de las entidades seleccionadas:
- Falta de registro: Se afirma que las cooperativas beneficiadas no figuraban inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad al momento de recibir los fondos.
- Irregularidad fiscal: De acuerdo con la denuncia, las firmas carecían de inscripción activa ante los organismos tributarios competentes para los rubros asignados, procediendo a regularizar su situación fiscal en el mismo mes en que fueron adjudicadas de forma directa.
- Sobreprecios bajo sospecha: González señala que los montos asignados resultan, prima facie, manifiestamente excesivos. Entre los doce casos testigo incorporados al expediente, se destaca un convenio de $398 millones de pesos con la firma Providers S.A. para adquirir 165 kits de “micro embarcado” destinados al transporte público; un contrato de $394 millones con la cooperativa Proyectar Futuro para desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes; y otro de $398,6 millones con Atres Impresiones para la fabricación de 40 refugios en paradas de colectivos.
Acusación por presunto enriquecimiento ilícito
La presentación penal incluye un capítulo específico dirigido contra el contador general, Marcelo Albaca. La denunciante solicitó investigar la evolución patrimonial del funcionario tras detectar presuntas inconsistencias con sus ingresos declarados.
La presentación menciona un viaje al exterior realizado por Albaca a China y adjunta un informe sobre su estado de deuda, precisando que registra a su nombre un crédito hipotecario del Banco Nación por una suma cercana a los $415 millones de pesos para comprar una propiedad en el Country del Golf. El escrito judicial advierte que, dado que estas líneas bancarias cubren habitualmente entre el 60% y el 70% del valor de mercado de los inmuebles, el funcionario debió realizar un desembolso en efectivo de entre $120 millones y $160 millones de pesos, una cifra que la oposición considera incompatible con una remuneración del ámbito municipal.
Como consecuencia de estas sospechas, la concejala solicitó formalmente al MPF ser admitida bajo el rol de querellante y requirió una serie de medidas de prueba urgentes, entre las que se encuentran el allanamiento del palacio municipal para secuestrar expedientes de compras directas, órdenes de presentación en las sedes de las cooperativas bajo la lupa, e informes financieros cruzados al IPACYM, al ARCA y a la Dirección de Rentas de la Provincia.
La respuesta del Ejecutivo: “Buscan judicializar la política”
A pesar de manifestar la total disposición del municipio para responder a los requerimientos que formalice la Justicia una vez que sean notificados del expediente, los funcionarios del gabinete salieron a rechazar los términos de la demanda y respaldaron la transparencia de los procesos contables.
El secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, fue el encargado de fijar la postura de la intendencia y enmarcó la presentación de González como una maniobra con intenciones exclusivamente electorales. “Es una acusación claramente política por una persona que fue parte, durante ocho años, del gobierno de Germán Alfaro; una gestión que estuvo reiteradamente señalada y denunciada por hechos de corrupción y que jamás dio explicaciones a los vecinos sobre muchas de sus acciones”, replicó el funcionario.
En el plano de las descalificaciones políticas, Chincarini elevó la apuesta al recordar el legajo de la denunciante en la propia municipalidad: “La propia edila fue exonerada del municipio en una causa vinculada a la desaparición de una camioneta oficial que aún sigue sin aparecer”. Finalmente, el secretario defendió las resoluciones del área económica al asegurar que la gestión de Chahla opera estrictamente bajo el marco normativo, administrativo y legal de los órganos de contralor interno.
