En una votación con paridad absoluta, el oficialismo logró el quórum justo de 129 legisladores para abrir el recinto y dar media sanción a la iniciativa diseñada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger. El texto parlamentario, que busca eliminar un bloque de normativas dictadas entre 1864 y 2015 por considerarlas obsoletas, inútiles o restrictivas, fue girado al Senado de la Nación.
El plan de desregulación y reforma del aparato estatal impulsado por la administración de Javier Milei cosechó un triunfo legislativo fundamental. Tras haber perdido estado parlamentario en su versión original de 2024, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la denominada Ley Hojarasca.
La Libertad Avanza consiguió destrabar el tratamiento del proyecto tras alcanzar el quórum de manera sumamente ajustada en el recinto: se contabilizaron 129 diputados presentes y 128 ausentes, logrando el número exacto requerido para habilitar la sesión ordinaria y someter a votación el articulado.
¿Qué es la Ley Hojarasca?
La iniciativa propone la derogación total de 63 leyes nacionales y la modificación parcial de otros diez textos normativos sancionados bajo diferentes signos políticos y regímenes de gobierno desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la fecha. Desde la perspectiva de la cartera que conduce Federico Sturzenegger, estas estructuras legales han devenido en anacrónicas, generan costos burocráticos y económicos superfluos sobre los contribuyentes, restringen libertades individuales o ya se encuentran cubiertas por legislaciones modernas de superior jerarquía.
El listado completo de las 63 leyes que el Gobierno busca eliminar
Para instrumentar la reforma institucional, el proyecto clasifica el digesto jurídico a eliminar en seis grandes ejes temáticos y operativos:
1. Leyes superadas por normas posteriores
Regulaciones cuyas materias y objetos de derecho ya cuentan con un marco regulatorio moderno, volviendo redundante su vigencia:
- Ley N° 94 (1864): Establece una inhabilitación de diez años para autoridades que ordenen azotar individuos. Innecesaria ante la prohibición absoluta de los castigos corporales fijada por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
- Ley N° 3.863 (1899): Otorgaba exenciones impositivas temporales a aseguradoras de riesgos agrícolas.
- Ley N° 16.789 (1965): Obliga a las dependencias del Estado a adquirir exclusivamente vehículos de producción nacional para sus flotas automotrices.
- Ley N° 17.557 (1967): Regulaba los requisitos para instalar y usar equipos de rayos X, materia absorbida y actualizada por la Ley N° 26.906.
- Ley N° 20.400 (1973): Prohibía transacciones destinadas a proveer mano de obra no voluntaria, objeto superado por la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas.
- Ley N° 20.843 (1974): Ley de “Padrinazgo Presidencial”. Se discontinúa el régimen hacia adelante, aunque se permite que quienes ya perciben el beneficio opten por mantenerlo.
- Ley N° 21.778 (1977): Facultaba a firmas públicas a licitar contratos de exploración petrolera, marco que devino obsoleto tras las sucesivas reformas a la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos.
- Ley N° 22.109 (1979): Dictaba pautas de aislamiento y vacunación obligatoria frente a la viruela, objeto cubierto por la Ley de Vacunas N° 27.491.
- Ley N° 23.678 (1989): Fijaba pautas técnicas de liquidación de regalías petroleras que fueron perfeccionadas por normativas posteriores.
- Ley N° 24.675 (1996): Regulaba la tarea de auxiliares de la Justicia en el fuero federal, norma declarada inválida por la propia Corte Suprema de Justicia mediante la Acordada N° 60/96.
2. Normas obsoletas por el avance tecnológico y económico
Leyes cuyos incentivos, procedimientos y postulados técnicos quedaron anacrónicos ante la digitalización o los cambios en la matriz productiva:
- Ley N° 448 (1870): Disponía una recompensa económica en metálico para quien descubriera yacimientos de carbón. El Poder Ejecutivo argumentó que el uso del carbón debe ser desalentado bajo premisas de sustentabilidad actual.
- Ley N° 3.235 (1895): Destinada a la compra de material de defensa a fines del siglo XIX, con partidas fijadas en valores monetarios totalmente desactualizados.
- Ley N° 16.879 (1965): Preveía reintegros y beneficios fiscales a la industria nacional que ganara licitaciones internacionales eléctricas; esquema tributario sin aplicabilidad práctica.
- Ley N° 18.569 (1970): Imponía el uso obligatorio del microfilm para el archivo de documentos en el Ejército Argentino, soporte arcaico reemplazado por la digitalización.
- Ley N° 19.648 (1972): Catalogaba de “interés nacional” la minería del carbón, un postulado opuesto a la actual política de “descarbonización” de la economía.
- Ley N° 20.114 (1973): Autorizaba y regulaba la microfilmación de archivos dentro de la Armada Argentina.
- Ley N° 23.756 (1989): Autorizaba y regulaba la microfilmación de documentos para el resto de los organismos de la administración pública nacional.
- Ley N° 20.577 (1973): Declaraba de interés nacional las innovaciones en los sistemas de transmisión de señales de televisión.
- Ley N° 21.895 (1978): Ley que autorizó formalmente el inicio de las transmisiones televisivas en color en el territorio nacional.
3. Normas que afectan libertades individuales
Disposiciones de control social o privilegios que el Ejecutivo considera contrarios al principio de igualdad ante la ley, a la libertad de prensa o de circulación:
- Ley N° 14.034 (1951): Castiga con prisión a los ciudadanos argentinos que defiendan, promuevan o propicien sanciones políticas o económicas extranjeras contra el Estado nacional.
- Ley N° 18.312 (1969): Estructuró el fondo estatal para la producción de papel prensa; el Gobierno argumentó que la norma de facto buscaba restringir la libertad de expresión.
- Ley N° 19.787 (1972): Norma dictada por el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse que obligaba a la difusión prioritaria de “música de autores argentinos” en las estaciones de radio.
- Ley N° 20.120 (1973): Regulación de facto que facultaba al Estado a controlar, restringir y clausurar el derecho de reunión, inclusive en recintos cerrados de carácter privado.
- Ley N° 20.802 (1974): Creaba la obligatoriedad de tramitar y portar un “carnet de mochilero” expedido por el Estado para poder circular y acampar por el país.
- Ley N° 20.959 (1975): Otorgaba pases de libre circulación y estacionamiento irrestricto para legisladores y secretarios de ambas cámaras del Congreso. Calificado por el PEN como un “privilegio inaceptable”.
- Ley N° 20.983 (1975): Obligaba a los medios radiales y televisivos a ceder espacios fijos diarios a la promoción del turismo nacional (materia absorbida por la Ley N° 26.522).
- Ley N° 22.875 (1983): Normativa de la última dictadura que habilitaba la intervención y control estatal directo sobre el aparato productivo privado ante escenarios de ataque exterior.
- Ley N° 22.964 (1983): Regulación sanitaria sobre la lepra. Se impulsó la remoción de sus artículos 6, 7 y 8, los cuales habilitaban y facultaban al Estado a disponer la internación forzosa y el aislamiento obligatorio de los pacientes.
4. Desburocratización y eliminación de controles sectoriales
Derogación de controles comerciales, subsidios corporativos inactivos o juntas de fomento con excesiva carga regulatoria:
- Ley N° 14.041 (1951): Autorizaba al Estado a realizar acopios permanentes de materiales para la Marina de Guerra.
- Ley N° 14.800 (1959): Obliga a los propietarios que demuelan un edificio donde funcionaba un teatro a edificar una sala de características similares en la nueva construcción.
- Ley N° 17.752 (1968): Régimen de promoción fiscal para la construcción de hoteles de turismo internacional, inactivo desde fines de la década de 1970.
- Ley N° 19.340 (1971): Imponía a los desarrolladores inmobiliarios privados la obligación de notificar formalmente al Estado si decidían interrumpir una obra en construcción.
- Ley N° 19.363 (1971): Facultaba al Poder Ejecutivo a organizar sorteos comerciales oficiales entre las personas que adquirieran entradas de cine.
- Ley N° 20.308 (1973): Creadora del Fondo Naval de Fomento a las Actividades Náuticas, una herramienta discontinuada.
- Ley N° 20.496 (1973): Declaraba de interés nacional el uso de fertilizantes y centralizaba las autorizaciones y cuotas estatales para su importación masiva.
- Ley N° 20.876 (1974): Declaraba de interés la apicultura y prohibía el ingreso de inversiones extranjeras directas en el sector.
- Ley N° 21.056 (1975): Obligaba a las empresas de transporte de larga distancia a colocar afiches de promoción turística en el interior de sus unidades.
- Ley N° 21.145 (1975): Concedía tarifas rebajadas en transporte y hotelería estatal para los artistas integrantes de compañías de teatro.
- Ley N° 21.159 (1975): Creaba cursos obligatorios de capacitación turística para el personal civil de la administración pública.
- Ley N° 22.426 (1981): Centralizaba y regulaba de forma obligatoria la aprobación estatal de contratos de transferencia de marcas y tecnologías provenientes del exterior.
- Ley N° 22.963 (1983): “Ley de Carta”. Se modifican sus artículos 1 y 17, y se derogan los artículos del 18 al 29, suprimiendo penalidades por la confección de cartografía oficial fuera del Instituto Geográfico Nacional.
- Ley N° 23.419 (1986): Regulaba los derechos y exploraciones del subsuelo por parte de empresas públicas.
- Ley N° 23.634 (1988): Declaraba prioritaria la cría de conejos (cunicultura) y creaba una comisión nacional específica para el sector.
- Ley N° 24.057 (1992): Promovía la creación de asociaciones civiles enfocadas en problemas de hábitat, norma que nunca fue reglamentada en tres décadas.
- Ley N° 24.127 (1992): Instituyó el “Premio Nacional a la Calidad” para los ámbitos público y privado.
- Ley N° 24.298 (1994): Diseñó un programa estatal de vinculación con las comunidades de argentinos residentes en el exterior.
- Ley N° 24.960 (1998): Creaba el premio nacional para la “Prevención de las Adicciones”.
- Ley N° 25.750 (2003): “Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”, objetada por restringir el derecho a ejercer la industria en determinadas actividades de medios.
- Ley N° 26.227 (2007): Creaba el Consejo Federal de la Juventud para coordinar políticas públicas enfocadas en dicho rango de edad.
- Ley N° 26.688 (2011): Declaraba de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas. El Ministerio de Desregulación la catalogó como “ley primordialmente declamativa y no operativa”.
- Ley N° 27.171 (2015): Exigía a la Federación Colombófila Argentina registrar de forma oficial las matrículas de las palomas mensajeras de carrera. Considerada una “sobrerregulación”.
5. Leyes vinculadas a organismos disueltos o procesos inexistentes
Leyes que hacían referencia a dependencias, líneas de crédito de la banca pública o servicios militares eliminados:
- Ley N° 11.245 (1923): Regulaba los aranceles de la Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene, repartición eliminada del organigrama estatal.
- Ley N° 11.380 (1926): Habilitaba créditos especiales del Banco Nación a cooperativas basándose en un marco legal derogado en los años 70.
- Ley N° 12.307 (1936): Fijaba certámenes estatales de literatura y pintura cuyos jurados debían integrarse por instituciones ya inexistentes.
- Ley N° 13.521 (1949): Eximía del pago de sellos a los trámites judiciales vinculados a la excepción del servicio militar obligatorio (sistema eliminado en los 90).
- Ley N° 14.578 (1958): Creaba fondos específicos para obras públicas de preinversión que quedaron sin financiamiento ni funciones efectivas.
- Ley N° 17.584 (1967): Complementaria a la norma anterior, regulaba fondos para estudios de infraestructura discontinuados.
- Ley N° 20.085 (1973): Diseñó el proyecto del “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas”, el cual nunca superó la etapa de prefactibilidad.
- Ley N° 20.299 (1973): Establecía garantías estatales rígidas para las exportaciones privadas bajo un esquema de fuerte control del comercio exterior.
- Ley N° 20.327 (1973): Otorgaba autarquía a la editorial estatal “Ediciones Culturales Argentinas”.
- Ley N° 20.543 (1973): Otorgaba créditos subsidiados a arrendatarios rurales para la compra de tierras, beneficios financieros discontinuados hace décadas.
- Ley N° 20.956 (1975): Ordenaba a la empresa de bandera Agua y Energía Eléctrica realizar estudios sobre el uso de la energía mareomotriz. La firma fue liquidada en los procesos de privatización de los 90.
- Ley N° 23.671 (1989): Creaba un comité para seguir la asignación de créditos derivados del tratado bilateral firmado entre Argentina y España a fines de los 80.
- Ley N° 24.731 (1996): Obligaba al extinto Ministerio de Economía y Obras Públicas a emitir de manera periódica anuarios de tecnología industrial.
- Decreto Ley N° 12.795/44: Otorgaba facultades de exclusión de registros comerciales a la disuelta Comisión Nacional de Granos y Elevadores.
- Decreto N° 1.262/03: Creaba la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero tras el estallido de la crisis económica del 2001, un ente que cumplió sus funciones y dejó de operar.
6. Ajustes al financiamiento de corporaciones del sector público
Modificaciones quirúrgicas orientadas a suprimir transferencias automáticas y aportes directos del Tesoro Nacional hacia entidades integradas por funcionarios públicos:
- Ley N° 20.984 (1975): Creó el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. El proyecto deroga sus artículos 3 y 11 y modifica el 8, eliminando los aportes económicos directos del Tesoro. El criterio fijado es que los legisladores que deseen participar deberán costearlo con fondos propios.
- Ley N° 24.807 (1997): Establece el funcionamiento de la Federación Argentina de Municipios (FAM). El texto aprobado en la Cámara Baja reemplaza el artículo 11 para suprimir de forma definitiva el fondeo de la entidad con recursos provenientes de las arcas del Estado Nacional.
¿Cómo sigue el camino legislativo?
Tras haber sorteado con éxito su primer gran filtro parlamentario en el recinto de Diputados, el expediente de la Ley Hojarasca ingresará formalmente en la Cámara de Senadores. Allí será girado a las comisiones técnicas específicas para iniciar un nuevo período de debate y dictaminación antes de quedar en condiciones de ser tratado por el pleno de la Cámara Alta, donde el oficialismo buscará la sanción definitiva para convertir el texto en ley.
