El concejal capitalino y vicepresidente de la Comisión de Transporte, Alfredo Terán de Zavalía, dialogó con Bisturí tras la última reunión del cuerpo, en la que se analizó el pedido de incremento tarifario realizado por los empresarios de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT). Terán de Zavalía calificó la solicitud de “inviable”, denunció una total falta de transparencia en los costos presentados por las firmas y adelantó que su bloque exigirá debatir un pliego de bases y condiciones para barajar y dar de nuevo en el sistema.
Falta de información y un pedido “en pañales”
El edil detalló que la comisión invitó al secretario de Movilidad Urbana de la municipalidad, Carlos Arnedo, para evaluar el estudio de costos, revelando un dato que dejó expuestas a las prestatarias:
“El Departamento Ejecutivo ha pedido información y documentación a las 14 empresas del servicio de transporte dentro de la ciudad y de las 14 empresas solamente una acercó la información. Es decir, yo creo que este pedido está muy en pañales, no hay documentación. Es un informe unilateral, nosotros necesitamos información también de la parte de control”.
Ante la cifra pretendida por las empresas, el concejal fue tajante:
“El pedido es por $2.400, que es completamente inviable. Primero porque no sabemos de dónde sale ese número. Hay mucho dinero invertido, no solamente por el Gobierno Provincial, sino también desde diciembre del año pasado por la Municipalidad en subsidios, y desde el Concejo queremos tener una idea clara de cómo se gasta ese dinero y si realmente redunda en una mejora en el servicio. Claramente vos en la calle lo ves y esa situación no se está dando”.
Un sistema vencido y sin seguridad jurídica
Para Terán de Zavalía, la crisis del transporte en San Miguel de Tucumán excede largamente la discusión de la tarifa e involucra una degradación estructural:
“Llegó el momento de hacer un replanteo de fondo de la actividad. La actividad no funciona, cualquiera sea el dinero que se le ponga. Según el dato que acerca el secretario de Movilidad Urbana, de los colectivos que hoy funcionan en la ciudad, el 52% está vencido. ¿Qué significa vencido? Que tienen más años de antigüedad de lo que la ordenanza permite —más de 10 años— y además están en mal estado”.
El funcionario apuntó además a la precariedad contractual en la que operan las líneas:
“Las empresas funcionan con permisos provisorios. Entonces, ¿cómo se puede iniciar un proceso de reinversión de incorporación de unidades en base a un sistema que no tiene una seguridad jurídica en el tiempo? ¿Cómo se hace cualquier negocio? Necesitás una estabilidad, necesitás tener seguridad jurídica a futuro”.
La postura del bloque y el avance con las aplicaciones
Consultado sobre si el costo de las dilaciones políticas lo termina pagando el usuario mediante un “tironeo” de precios, el edil insistió en que un incremento agravaría la crisis:
“Hoy el debate no es la tarifa. Hay una caída enorme de la cantidad de usuarios dentro de la actividad del colectivo. Subir la tarifa va a perjudicar a la gente y tampoco va a redundar en cubrir los costos de las empresas. Nosotros desde el bloque ya hemos adelantado: no vamos a acompañar la suba del boleto. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en los pliegos y hacer una nueva licitación del sistema”.
Respecto a cómo avanzar hacia una solución concreta, precisó que se encuentran a la espera de los borradores técnicos: “El Ejecutivo nos dice que los pliegos ya están muy avanzados, lo cual en muy poco tiempo deberían estar entrando al Concejo. Hay que barajar y dar de nuevo porque esto no está funcionando. En el pliego es donde vos vas a diseñar cuál es el sistema que la ciudad necesita y puede pagar. Hoy tenés líneas cuyos recorridos se superponen y, al mismo tiempo, barrios a los que no entra el colectivo”.
Finalmente, el concejal confirmó que en la misma sesión se repasó el estado de regularización de las plataformas de transporte (como Uber, Didi, Cabify) tras la ordenanza sancionada a finales del año pasado.
