El secretario de Servicios Públicos de la capital, Luciano Chincarini, dialogó con Bisturí tras conocerse la denuncia penal presentada por la concejal alfarista Ana González contra cinco funcionarios del gabinete de la intendenta Rossana Chahla. Chincarini rechazó de plano las acusaciones por supuestas irregularidades en contrataciones directas que rondarían los 2.700 millones de pesos, enmarcó el hecho en una estrategia de desgaste político y reveló que la edila denunciante arrastra un sumario administrativo previo por la desaparición de un vehículo municipal.
El contraataque oficial: “La Lilita Carrió de la política tucumana”
Chincarini fue tajante al calificar la presentación judicial de 90 páginas como un movimiento estrictamente mediático y electoralista:
“Nos enteramos de esta situación por medios periodísticos… Creo particularmente de que se trata de una maniobra política por parte de esta concejal opositora que, recordemos, fue 14 años funcionaria del municipio con una relación muy cercana al exintendente Germán Alfaro. Intenta tener protagonismo político en función de esta denuncia al mejor estilo Lilita Carrió. La Lilita Carrió, podríamos decir, de la política tucumana, porque no se puede demostrar ninguna obra ni ninguna acción en función de lo que debería ser nuestro principal interés, que es trabajar por los vecinos”, fustigó.
El secretario defendió la legalidad de las contrataciones directas cuestionadas, argumentando que se realizaron bajo el amparo de herramientas jurídicas vigentes:
“Las supuestas irregularidades basadas en que son contrataciones directas son una de las funciones y las posibilidades que tenemos los funcionarios en el marco de una emergencia ambiental, por ejemplo. Eso no implica ningún dolo para el Estado ni mucho menos. El gobierno del que ella fue parte con Germán Alfaro lo tomaba de manera totalmente mayoritaria como método de contratación, cosa que no sucede en nuestra administración”.
Asimismo, reivindicó el rol de las cooperativas de trabajo incluidas en la denuncia: “Son empresas que tienen una función social muy importante en un momento tan difícil. Contratar cooperativas no está prohibido y cumplen todos los requisitos para ser contratadas por el Estado”.
La polémica por una camioneta y el factor Germán Alfaro
Al indagar sobre el trasfondo de la disputa con la concejal de la oposición, Chincarini vinculó la denuncia con una auditoría interna previa llevada adelante por el contador general del municipio, Marcelo Albaca —también implicado en la presentación judicial—.
“Esta concejala fue denunciada por esta gestión municipal porque sustrajo una camioneta del municipio de San Miguel de Tucumán y quien llevó adelante la investigación es el contador Marcelo Albaca. Cuando hizo la primera auditoría para ver lo que recibimos, había una camioneta que estaba a nombre de Ana González y esa camioneta no apareció nunca. Se le hizo una investigación interna, se la llamó para que explique. Eso no ocurrió nunca y fue separada del municipio, porque ella era planta permanente además de ser concejala”, denunció el funcionario.
“Entendemos que quedó totalmente resentida ante esta situación que, en definitiva, es responsabilidad de ella por haber hecho desaparecer un vehículo”, añadió con ironía ante la consulta de los periodistas sobre el destino del rodado: “No sé, habrá puesto una empresa de fletes o la tendrá para salir de paseo los fines de semana”.
Por otra parte, Chincarini inscribió la embestida judicial en la reciente estrategia discursiva del exintendente Germán Alfaro: “Hace muy poco Germán Alfaro dijo que Rossana Chahla no debería ser reelecta. Hace dos años y medio decía que la cárcel de Benjamín Paz iba a ser para que vayan Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, y ahora dice que hay que trabajar para que Jaldo sea reelecto. La palabra de Germán Alfaro tiene muy poco peso”.
Relación institucional con la Provincia y el horizonte hacia 2027
A pesar de los cortocircuitos con el alfarismo, el secretario de Servicios Públicos ratificó la sintonía política y de gestión que existe entre la intendenta capitalina y la Casa de Gobierno:
“Nosotros tenemos una relación muy buena con el gobierno provincial. Eso se traduce en el trabajo constante, en la coordinación política que lleva adelante nuestra intendenta Rossana Chahla junto con el gobernador Osvaldo Jaldo, y se traduce en obras en común”.
Consultado sobre si la denuncia busca desgastar la figura de Chahla y qué expectativas electorales maneja el espacio para los próximos comicios, Chincarini concluyó de manera contundente:
“Si vos querés, sería lo natural dentro de la sucesión un Jaldo gobernador y Rossana Chahla intendenta, dentro de lo que tiene que ver con la fortaleza del proyecto político del peronismo tucumano. Las peleas internas son de quienes quieren tener poder político y no lo tienen porque perdieron las elecciones. Nuestros ciudadanos tienen memoria, no comen vidrio y saben que estos desprestigiados como Ana González y Germán Alfaro nunca más van a tener las riendas de la conducción de los ejecutivos”.
El funcionario concluyó asegurando que la denuncia no alterará la agenda de la gestión y se mostró “siempre a disposición de la justicia y del Concejo Deliberante, que es nuestro órgano natural de contralor”.
