La crisis social y política en Bolivia escaló este lunes con enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales en el centro de La Paz, donde sectores movilizados que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, utilizan petardos y cartuchos de dinamita mientras la Policía responde con agentes químicos para dispersar las protestas.
Más temprano, Paz advirtió que quienes no quieran dialogar “les caerá la Constitución”, a la vez que anunció un recorte del 50% en su salario y en el de los miembros de su gobierno como muestra de austeridad ante la crisis política y social.
Los incidentes se registraron después del ingreso de marchas provenientes de El Alto, Pampahasi y la zona Sur paceña, en una jornada de bloqueos, falta de transporte público y escasez de combustible, reportó el diario paceño La Razón.
Las columnas de manifestantes avanzaron hacia inmediaciones del centro político de la sede de gobierno y en algunos puntos se produjeron choques con contingentes policiales. Testigos reportaron detonaciones de dinamita y petardos de alto poder durante los disturbios.
La Policía utilizó gas lacrimógeno para intentar contener el avance de los movilizados y despejar algunas vías del centro paceño. Horas antes, el Comando Departamental de La Paz alertó sobre la presencia de personas con pasamontañas, palos y posibles explosivos dentro de las marchas.
Mientras, el Gobierno insistió en convocar negociaciones, organizaciones movilizadas denunciaron represión y cuestionaron la presencia policial en las calles paceñas.
La Central Obrera Boliviana (COB), campesinos y algunas organizaciones vecinales marcharon este lunes ratificando que, para un posible diálogo con el gobierno, se deben anular las órdenes de aprehensión emitidas en contra de algunos dirigentes de la COB, entre ellos, Mario Argollo, quien se declaró en la clandestinidad.
La cuarta semana del conflicto se inició con más de 50 bloqueos en carreteras de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.
Por otra parte, el mandatario boliviano anunció una reducción del 50% en los salarios del Poder Ejecutivo como parte de las medidas que impulsa su administración.
