Sin debate y en medio de un clima tenso con la oposición, la Legislatura de Tucumán sancionó modificaciones administrativas y técnicas para enmendar un proyecto aprobado en la sesión anterior. La iniciativa contempla la desafectación del dominio público de una fracción de terreno destinada a una calle para un desarrollo inmobiliario privado, previendo como contraprestación la regularización dominial de 80 familias de la zona.
La sesión ordinaria sumó un fuerte contrapunto político luego de que, tras aprobarse las reformas judiciales de la Corte Suprema, el legislador oficialista Mario Leito solicitara la alteración del orden del día. El parlamentario requirió el tratamiento de dos expedientes de los que había hecho reserva al inicio de la jornada, ambos con dictamen de la comisión de Legislación General.
Las iniciativas aprobadas apuntan a subsanar una serie de observaciones que la dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior había formulado mediante una comunicación formal que ingresó a la Cámara el pasado martes. El terreno en cuestión se encuentra ubicado estratégicamente entre las rutas 301 y 338, conectando las comunas de San Pablo y El Manantial, un sector bajo la lupa por especialistas urbanistas debido a la falta de previsión sobre la conectividad metropolitana.
Votación sin debate y el fuerte rechazo opositor
La polémica central de la jornada giró en torno a los modos parlamentarios empleados para convalidar las reformas:
- Moción oficialista: Mario Leito propuso que los expedientes fueran votados sin abrir el debate, argumentando que las diferentes posturas políticas ya habían sido expuestas detalladamente durante la sesión pasada.
- Votación por mayoría: El bloque del Partido Justicialista (PJ) y sus aliados parlamentarios sumaron los votos necesarios para imponer la moción y, acto seguido, aprobaron por mayoría ambas correcciones técnicas.
- Protestas en el recinto: La metodología aplicada impidió el uso de la palabra a los legisladores opositores Alfredo Toscano, Manuel Courel y Eduardo Verón Guerra, quienes se encontraban anotados en la lista de oradores. Los ediles reprocharon de forma unánime a la Presidencia del cuerpo por la imposibilidad de expresarse, tildando el procedimiento como “una vergüenza”.
Las correcciones técnicas y las obligaciones de Citrusvil
Los proyectos convalidados —presentados por Leito con el acompañamiento de Carlos Gallia, Roberto Moreno y Carlos Gómez— modificaron el texto original para subsanar los errores advertidos por el Poder Ejecutivo. El informe técnico de Interior señalaba una incorrecta identificación jurídica de los bienes, ya que el proyecto original describía el objeto como una mera “fracción de inmueble” cuando en realidad se trata de una calle de dominio público.
Asimismo, las objeciones ministeriales advertían que la norma original no especificaba cómo se incorporaría el sector al dominio privado del Estado, carecía de una justificación sólida sobre la pérdida de utilidad pública de la calle (en materia de tránsito o conectividad) y omitía el análisis de posibles perjuicios para la comunidad y los propietarios colindantes.
Para blindar el fin social de la norma, las reformas introdujeron dos articulados clave:
- Finalidad exclusiva: Se precisó por ley que la desafectación tiene como meta única implementar políticas de interés público para la regularización dominial, erradicación, construcción o consolidación de los barrios de emergencia situados en la zona.
- Condicionamiento a la firma privada: La eficacia de la ley quedó estrictamente sujeta a que la empresa Citrusvil S.A. realice un desistimiento expreso, irrevocable e incondicional de cualquier acción o derecho presente o futuro sobre dichos inmuebles. A su vez, la firma privada —que a cambio de la calle donará tierras para regularizar la situación de 80 familias— deberá acreditar ante la Justicia los actos procesales necesarios para el archivo definitivo de los litigios vigentes, sin reserva de derechos.
Finalmente, la sanción facultó de manera directa al Poder Ejecutivo provincial a promover y sustanciar todas las actuaciones administrativas complementarias que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa.
