La Casa Rosada decidió postergar el envío al Congreso de las modificaciones a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía que busca ampliar beneficios y otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias. Aunque el proyecto ya está terminado y listo para ser presentado, el Gobierno optó por frenar su avance debido al impacto político generado por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por las dificultades para sostener acuerdos legislativos con los bloques aliados.
Según trascendió desde el Ejecutivo, la reforma ya fue analizada por la mesa política del oficialismo, el ámbito encargado de definir prioridades parlamentarias y evaluar el costo político de cada iniciativa. Sin embargo, el contexto actual llevó a modificar la estrategia inicial.
La propuesta surgió luego de una serie de reuniones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y especialistas en materia tributaria. El objetivo era fortalecer el régimen simplificado, ampliar su alcance y brindar mayores garantías a quienes decidan incorporar fondos al circuito formal de la economía. No obstante, el Gobierno considera que este no es el momento adecuado para abrir una nueva discusión en el Congreso.
La principal razón es política. En Balcarce 50 admiten que la situación de Manuel Adorni condicionó buena parte de la agenda legislativa. El funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron recientemente al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de una investigación judicial vinculada a la evolución de su patrimonio, una situación que generó cuestionamientos de la oposición.
Si bien desde el oficialismo sostienen que la adhesión no implicó un blanqueo de capitales ni la exteriorización de fondos, reconocen que cualquier modificación al régimen podría ser interpretada como un beneficio dirigido al jefe de Gabinete, alimentando aún más la controversia política.
Por ese motivo, el Ejecutivo resolvió concentrar sus esfuerzos en las iniciativas que ya se encuentran en tratamiento parlamentario. Entre ellas figuran el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada, el denominado Súper RIGI, la ley de lobby, el proyecto Hojarasca y las modificaciones al régimen de Zonas Frías.
En el Gobierno consideran que abrir nuevos frentes de negociación podría complicar aún más las conversaciones con sectores del PRO, la UCR y los bloques provinciales, especialmente en un contexto donde la oposición impulsa pedidos de interpelación e incluso una posible moción de censura contra Adorni.
La reforma de Inocencia Fiscal apunta a modificar aspectos centrales del Régimen Simplificado de Ganancias. Entre los cambios analizados figuran la eliminación de límites patrimoniales e ingresos para ampliar el universo de contribuyentes alcanzados, nuevas instancias de rectificación antes de perder beneficios, restricciones al uso de presunciones por parte de ARCA y mayores garantías frente a fiscalizaciones.
Además, el proyecto contempla mecanismos de regularización y posibles condonaciones de sanciones para quienes adhieran al régimen y cumplan con determinadas condiciones. Desde Economía sostienen que estas herramientas permitirían formalizar actividad económica y favorecer el ingreso de dólares al sistema sin recurrir a un blanqueo tradicional.
Sin embargo, la discusión quedó inevitablemente atravesada por el caso Adorni. Mientras el oficialismo intenta contener el impacto político de la investigación y asegurar los votos necesarios para las reformas ya presentadas, la iniciativa económica permanecerá en pausa.
De esta manera, una propuesta que semanas atrás aparecía como uno de los próximos envíos del Gobierno al Congreso pasó a integrar la lista de proyectos en espera. La decisión final dependerá de que el Ejecutivo encuentre un escenario político más favorable para avanzar sin que la discusión quede absorbida por la crisis que rodea al jefe de Gabinete.
