El debate por la alarmante desprotección de los más chicos en el tránsito diario llegó finalmente al recinto legislativo. Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone prohibir de forma taxativa que los niños menores de 12 años viajen en los asientos delanteros de cualquier vehículo destinado al transporte público de pasajeros. La iniciativa busca terminar con una postal tan cotidiana como peligrosa en las calles de la provincia y reducir drásticamente el riesgo de muertes o lesiones graves ante frenadas bruscas o siniestros viales.
La medida, impulsada por la legisladora oficialista Patricia Lizárraga, establece que la prohibición regirá con fuerza de ley tanto para los menores que viajen solos como para aquellos que lo hagan acompañados por adultos, y no dejará grises normativos respecto a los servicios afectados.
Colectivos, taxis y remises: alcance total en toda la provincia
A diferencia de otras normativas que suelen quedar limitadas al ejido urbano, el proyecto de Lizárraga plantea un blindaje integral que alcanzará a todas las modalidades de transporte público que operen bajo jurisdicción provincial o municipal:
Ómnibus: La prohibición será obligatoria en servicios urbanos, interurbanos y rurales (afectando directamente a los cotizados primeros asientos de los colectivos).
Autos de alquiler: Incluirá de forma directa a las flotas de taxis y remises, donde es moneda corriente ver a chicos viajando en el asiento del acompañante.
En los fundamentos técnicos de la propuesta, la legisladora se respalda en criterios científicos de biomecánica del trauma. Estos estudios demuestran con crudeza que, debido a su contextura física, desarrollo óseo y masa corporal, los niños están expuestos a niveles de desaceleración y fuerzas de impacto significativamente mayores que un adulto en caso de colisiones frontales, multiplicando exponencialmente las probabilidades de sufrir traumatismos internos, cervicales o craneales fatales.
Concientización obligatoria y el trasfondo de un boleto impagable
El texto legislativo no se limita únicamente a la faz punitiva o a la restricción, sino que incorpora la obligatoriedad de implementar campañas permanentes de concientización y educación vial. Estas acciones deberán ser dirigidas de forma directa a la comunidad educativa, a los usuarios habituales del sistema y a los propios trabajadores del transporte público, con el fin de desterrar mitos culturales y visibilizar el peligro real de trasladar a menores en las plazas delanteras de los vehículos.
La discusión de este proyecto de seguridad vial ingresa a la Legislatura en un contexto de altísima sensibilidad para el usuario del transporte público tucumano. El documento oficial recuerda, de forma casi irónica en sus márgenes, que el precio del boleto de colectivos en la capital provincial —que sufrió fuertes tironeos políticos y empresariales en las últimas semanas— continuará congelado en los 1.250 pesos por unos días más antes de que comience a regir el nuevo cuadro tarifario.
