Tras disipar con éxito el intento de la oposición de sentar en el banquillo a Manuel Adorni —en una sesión especial que fracasó por falta de quórum—, la Cámara de Diputados de la Nación retoma hoy una actividad frenética. El cuerpo legislativo que conduce Martín Menem debatirá dos proyectos con sello de máxima prioridad para la Casa Rosada: el régimen del “Súper RIGI” para megaproyectos de inversión y la autorización de pago a los últimos fondos buitre del default de 2001.
La gran paradoja y la foto política de la jornada en el recinto estará protagonizada por Adrián Ravier. El economista pampeano, recientemente designado por Javier Milei como el nuevo vocero presidencial para reemplazar a un golpeado Adorni, bajará de todos modos a su banca de diputado nacional para asegurar con su presencia el quórim de 129 legisladores.
Ante la extrema paridad en el conteo de porotos con la oposición, La Libertad Avanza decidió demorar formalmente la renuncia de Ravier a su banca para evitar un “bache” o vacío legislativo que pusiera en riesgo las leyes antes de que jure su reemplazo, el bullrichista Martín Matzkin.
El Súper RIGI: blindaje fiscal por 30 años para inversiones de Inteligencia Artificial y Litio
El primer plato fuerte de la sesión será el tratamiento del denominado “Súper RIGI”, un esquema de incentivos diseñado para atraer capitales monstruosos superiores a los 1.000 millones de dólares. A diferencia del régimen original, este nuevo proyecto apunta de manera directa a sectores estratégicos y tecnológicos globales:
- Sectores clave: El beneficio estará enfocado en la producción de litio, el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), la instalación de grandes centros de datos (data centers), energías renovables y la cadena de valor del uranio.
- Los beneficios: El texto promete una estabilidad regulatoria e impositiva total por 30 años, además de fuertes ventajas aduaneras y de libre disponibilidad de divisas.
- El consenso: Para asegurarse la media sanción y posterior giro al Senado, el oficialismo debió ceder y negociar ocho modificaciones de fondo con los bloques del PRO, la UCR y el MID, sumando requisitos vinculados al desarrollo obligatorio de proveedores locales y normas de sustentabilidad ambiental.
Contrarreloj judicial: el pago de 171 millones de dólares a los holdouts
En paralelo, y con la meta de conseguir una sanción definitiva, el oficialismo buscará convertir en ley el acuerdo para cancelar la deuda remanente con los fondos extranjeros Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, quienes habían iniciado agresivos procesos de investigación de activos (discovery) en el exterior para embargar bienes de la República Argentina.
El apuro de la Casa Rosada no es casual: la iniciativa —que ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Senadores— tiene como fecha límite el próximo martes 30 de junio. De no aprobarse esta semana, caería el acuerdo judicial homologado en los tribunales de Estados Unidos, reactivando los litigios financieros contra el país.
