El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este miércoles la derogación de la ordenanza que había servido de base para la implementación del estacionamiento medido en la capital provincial. La medida, votada por unanimidad, elimina el marco normativo que dio origen a la concesión posteriormente declarada nula por la Justicia y permite avanzar hacia un nuevo proceso licitatorio.
La norma derogada es la Ordenanza N° 4.758/15 y sus anexos, sancionada en abril de 2015 durante la gestión del entonces intendente Germán Alfaro. Ese instrumento había establecido los pliegos y condiciones para la adjudicación del servicio de estacionamiento pago en el microcentro tucumano.
La decisión del cuerpo legislativo llega poco más de dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmara la nulidad del contrato otorgado a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Tecno Agro Vial. El máximo tribunal consideró que el proceso de adjudicación estuvo afectado por irregularidades que comprometían su legalidad desde el inicio.
El presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito del Concejo, José María Franco, explicó que la derogación era un paso necesario debido a que la ordenanza estaba vinculada a una concesión invalidada judicialmente y a un esquema tecnológico que quedó desactualizado con el paso de los años.
“Era una ordenanza asociada a un proceso viciado y basada en herramientas que hoy ya no tienen aplicación”, sostuvo el edil. Además, recordó que el proyecto original había sido elaborado en 2014 y contemplaba mecanismos como parquímetros físicos y sistemas de pago mediante mensajes de texto, tecnologías que fueron superadas por nuevas plataformas digitales.
Un nuevo sistema para ordenar el tránsito
Tras la decisión del Concejo, el municipio quedó en condiciones de diseñar un nuevo modelo de estacionamiento medido. Según adelantó Franco, el objetivo es desarrollar un sistema moderno que contribuya al ordenamiento del tránsito y tome como referencia experiencias implementadas en otras ciudades del país.
El concejal indicó que el trabajo se realizará de manera conjunta entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante, con el fin de elaborar nuevos pliegos que incorporen herramientas tecnológicas más eficientes y contemplen la situación laboral de quienes actualmente se desempeñan en actividades vinculadas al estacionamiento.
La intención de la gestión municipal es que el futuro esquema permita una administración más eficiente del espacio público y facilite el control del estacionamiento en las zonas de mayor circulación vehicular.
El antecedente judicial
La controversia por el estacionamiento medido se remonta a 2022, cuando la Defensoría del Pueblo, Fodecus y otros actores impulsaron una acción de amparo colectivo cuestionando la legalidad de la concesión.
Ese proceso derivó primero en la suspensión del sistema y luego en la declaración de nulidad del contrato. Finalmente, en abril de este año, la Corte Suprema provincial ratificó la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y concluyó que la adjudicación estuvo marcada por “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Entre los argumentos centrales del fallo, los jueces señalaron que una de las empresas integrantes de la UTE adjudicataria se encontraba en concurso preventivo al momento de presentar su oferta, una situación que impedía su participación en la licitación.
Con la derogación de la ordenanza y el cierre definitivo del conflicto judicial, la administración de la intendenta Rossana Chahla podrá avanzar en la elaboración de un nuevo proyecto para implementar el estacionamiento medido en la ciudad bajo reglas actualizadas y con un nuevo llamado a licitación.
