La derogación de la ordenanza de 2015 cierra formalmente el proceso que derivó en la nulidad judicial de la concesión otorgada a la UTE Tecno Agro Vial y despeja el camino para una nueva licitación impulsada por la gestión de Rossana Chahla.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dio este martes un paso clave para relanzar el sistema de estacionamiento medido al derogar la ordenanza que hace más de una década había habilitado la licitación y los pliegos que dieron origen a la concesión posteriormente declarada nula por la Justicia.
Por unanimidad, el cuerpo dejó sin efecto la Ordenanza N° 4.758/15 y sus anexos, sancionada el 9 de abril de 2015, que había servido de marco normativo para la implementación del sistema de estacionamiento pago durante la gestión del exintendente Germán Alfaro.
La decisión se produce poco más de dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificara la nulidad del contrato adjudicado a la UTE Tecno Agro Vial y considerara que la concesión estuvo afectada por irregularidades desde su origen. Con ese fallo firme, el municipio quedó habilitado para avanzar en un nuevo esquema de estacionamiento medido.
El presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, José María Franco, sostuvo que la derogación era necesaria porque la norma vigente estaba asociada a un proceso que terminó siendo invalidado judicialmente y porque respondía a una concepción tecnológica que había quedado superada.
“Era una ordenanza vinculada a un proceso viciado y sustentada en un marco técnico obsoleto”, explicó el concejal, al señalar que el diseño original había sido elaborado en 2014 y contemplaba herramientas que ya no tienen aplicación, como los parquímetros físicos y los sistemas de cobro mediante mensajes de texto.
Franco remarcó que, con la resolución de la Corte Suprema que dejó firme la nulidad del contrato, se abre una nueva etapa para discutir un sistema actualizado y eficiente. “La idea es avanzar en un sistema de estacionamiento medido moderno, que sea un verdadero ordenador del tránsito y que tome como referencia experiencias exitosas de otras capitales del país”, afirmó.
Según explicó el edil, el nuevo proceso será trabajado en forma conjunta entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo municipal, con el objetivo de elaborar nuevos pliegos que incorporen herramientas tecnológicas y contemplen la situación de los trabajadores que actualmente desarrollan tareas vinculadas al estacionamiento.
Un prolongado conflicto
La decisión del cuerpo legislativo pone punto final al marco normativo que dio origen a uno de los conflictos administrativos y judiciales más prolongados de los últimos años en la capital tucumana. La controversia se remonta a 2022, cuando la Defensoría del Pueblo, Fodecus y otros actores impulsaron una acción de amparo colectivo que derivó en la suspensión del sistema y, posteriormente, en la declaración de nulidad del contrato.
En abril de este año, la Corte Suprema provincial confirmó la sentencia dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y concluyó que la concesión otorgada a la UTE Tecno Agro Vial estuvo marcada por “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. Entre otras observaciones, el máximo tribunal advirtió que una de las firmas integrantes de la unión transitoria se encontraba en concurso preventivo al momento de presentar su oferta, circunstancia que impedía su participación en la licitación.
Con la derogación de la ordenanza y el cierre definitivo del litigio judicial, la administración de la intendenta Rossana Chahla queda ahora en condiciones de impulsar un nuevo proceso licitatorio para implementar un sistema de estacionamiento medido que permita ordenar el tránsito en el área céntrica y redefinir las condiciones de explotación del espacio público.
