El legislador José “Pepe” Seleme, junto a sus pares José Macome y Manuel Courel, presentó un proyecto de ley que propone una transformación integral del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), con el objetivo de incorporar capitales privados al financiamiento de viviendas sociales y redefinir el rol del organismo provincial.
La iniciativa plantea que el IPV deje de construir y adjudicar viviendas de manera directa para pasar a cumplir funciones de regulación, garantía y subsidio de créditos hipotecarios destinados a familias de ingresos medios y bajos.
Según explicó Seleme, el sistema actual se encuentra agotado y depende de un esquema de financiamiento nacional que ya no tiene la capacidad de responder al déficit habitacional de la provincia.
“Hoy ya no llegan fondos nacionales en la magnitud que llegaban hace algunos años y tampoco se espera que vuelvan a llegar. Si seguimos esperando que el Estado construya viviendas como hace cincuenta años, vamos a seguir teniendo miles de familias sin acceso a la casa propia”, sostuvo el legislador del bloque “Avanza Tucumán”.
Un nuevo modelo para financiar viviendas
El proyecto propone que los bancos aporten el capital, que las empresas privadas construyan las viviendas y que el Estado provincial subsidie parte del capital y los intereses de los créditos hipotecarios para las familias beneficiarias.
“La idea es que el subsidio vaya directamente a la familia y no a la empresa constructora. El Estado tiene que ayudar al tucumano a acceder a la vivienda, no convertirse en un gran constructor con estructuras burocráticas cada vez más costosas“, argumentó Seleme.
La iniciativa también establece que el IPV fijará las zonas donde podrán desarrollarse los proyectos, los ingresos máximos de los beneficiarios, las características de las viviendas y las tasas máximas que podrán cobrar las entidades financieras.
“Hay mucho gasto improductivo”
Uno de los principales argumentos del proyecto está vinculado con el funcionamiento actual del organismo.
De acuerdo con la documentación presentada por el parlamentario, el presupuesto vigente del IPV para este año asciende a unos $130.000 millones, aunque la ejecución efectiva es considerablemente menor. Además, se cuestiona el peso de la estructura administrativa y de personal dentro del organismo.
“Hay mucha diferencia entre lo presupuestado y lo que efectivamente se ejecuta. También hay mucho gasto improductivo. Si logramos eficientizar el funcionamiento del IPV, esos recursos podrían destinarse directamente a financiar más viviendas para los tucumanos”, señaló.
El proyecto contempla un programa de relocalización del personal del organismo, con opciones de reasignación a otras reparticiones, retiros voluntarios e indemnizaciones, en el marco de una reestructuración integral del instituto.
Multiplicar la cantidad de viviendas
Según las estimaciones presentadas por Seleme, bajo el esquema actual el IPV podría construir alrededor de 750 viviendas sociales por año. En cambio, si el Estado subsidia únicamente parte de los créditos y permite la participación del sector privado, la capacidad de financiamiento podría alcanzar las 10.000 viviendas.
“El objetivo es multiplicar la velocidad de construcción de viviendas y ampliar el acceso a la casa propia. El Estado debe concentrar sus recursos en subsidiar a las familias y dejar que el capital privado participe en la construcción”, afirmó.
Asimismo, el parlamentario sostuvo que los recursos públicos deberían destinarse prioritariamente a obras de infraestructura general, como redes de agua, cloacas, puentes y caminos, que son más difíciles de financiar mediante mecanismos privados.
Transparencia y fin de las adjudicaciones discrecionales
Otro de los ejes del proyecto apunta a modificar el sistema de selección de beneficiarios y de ejecución de obras.
“La reforma busca terminar con la falta de transparencia, con las viviendas de mala calidad y con la selección de beneficiarios a dedo. El sistema tiene que ser claro, competitivo y estar pensado para que la ayuda llegue directamente a quien la necesita”, sostuvo Seleme.
El legislador aclaró que la iniciativa constituye un proyecto para abrir el debate sobre el futuro de la política habitacional en Tucumán y que, en caso de prosperar, el Poder Ejecutivo podría impulsar una propuesta propia o avanzar en mecanismos de participación privada dentro del esquema vigente.
“Tenemos que empezar a discutir cómo hacemos para que más tucumanos accedan a una vivienda. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. El déficit habitacional no se resuelve con más burocracia, se resuelve con nuevas herramientas y con una mirada distinta sobre el rol del Estado”, concluyó.
