Con 205 votos a favor, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reestructuración del tribunal federal para descongestionar el volumen de causas. El organismo pasará a funcionar dividido en dos salas con el objetivo de acelerar los tiempos procesales en delitos complejos, narcotráfico y expedientes previsionales.

La iniciativa, impulsada originalmente en la Cámara alta por las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, recibió el respaldo definitivo tras la defensa planteada en el recinto por la diputada tucumana Gladys Medina. El proyecto busca dar respuesta al crecimiento exponencial de litigios que atraviesa la jurisdicción, que abarca a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

El nuevo esquema operativo y la estructura del tribunal

Hasta el momento, la Cámara Federal funcionaba como un órgano único multifuero de cinco miembros creado en 1937 y ampliado en 1990. Con la modificación aprobada, el cuerpo mantendrá a sus integrantes actuales —Ricardo Mario Sanjuan, Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal, Patricia Moltini y Fernando Poviña—, pero cambiará su modalidad interna de trabajo:

• División en dos salas: El tribunal se reconfigurará en dos salas integradas por dos magistrados cada una.
• Rol de la presidencia: Se designará un presidente común para ambas salas, cuya intervención quedará limitada exclusivamente a los casos de empate o a la necesidad de cubrir subrogancias.
• Armonización nacional: Este formato de trabajo descentralizado ya opera con éxito en otras cámaras federales del país, como las de Salta, La Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario.

Diagnóstico y “cuello de botella” judicial

Durante el debate parlamentario se expusieron los motivos que urgieron la reforma. La saturación del sistema se evidenció con el salto cuantitativo de expedientes: la Cámara pasó de recibir 957 causas en 2012 a 3.062 en 2015, impulsada principalmente por la incorporación del fuero previsional, mientras su estructura administrativa permanecía inalterable desde hace más de tres décadas.

Bajo la normativa anterior, la exigencia de reunir tres voluntades coincidentes entre los cinco jueces para emitir sentencia generaba un severo “cuello de botella”. Esto provocaba una prolongación innecesaria de los plazos procesales en investigaciones sumamente sensibles para la región, tales como causas por narcotráfico, trata de personas y criminalidad organizada.