Con 22.000 bajas en todo el país, el cierre de Panpack en la provincia es apenas el síntoma de una metástasis productiva que no encuentra piso.
El desplome del entramado productivo en Tucumán ya no es una advertencia, es una realidad estadística con nombres y apellidos. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la provincia sufrió la baja de 204 empresas en apenas dos años, una sangría del 2,1% que deja un vacío de empleo y capital difícil de revertir.
A nivel nacional, el panorama es desolador: 22.608 firmas desaparecieron del mapa económico. La caída de la emblemática Panpack en suelo tucumano se suma a un efecto dominó que ya derribó a gigantes como Fate, Garbarino y Lácteos Verónica. No se trata de casos aislados por mala gestión, sino de un ecosistema que se ha vuelto hostil para el que produce. Mientras el país se achica, solo Neuquén sobrevive como una isla sostenida por el respirador artificial de Vaca Muerta.
El colapso se manifiesta con crudeza en los despachos oficiales. Los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) estallaron: de 42 casos en 2023 se saltó a 158 el año pasado. El 2026 arrancó con la misma inercia trágica, con firmas históricas como Lumilagro y Tres Arroyos entrando en la sala de terapia intensiva legal para evitar la quiebra definitiva.
Para la CAME, el diagnóstico es terminal: el consumo minorista está muerto. Sin poder adquisitivo en la calle, las pymes tucumanas y nacionales se quedan sin oxígeno. Ricardo Diab, titular de la entidad, advierte que la caída de las ventas es el principal verdugo de los comercios de cercanía que ya no pueden sostener sus estructuras.
En el sector de electrodomésticos, la rentabilidad se evaporó un 50%. La apertura de importaciones obligó a los jugadores locales a un “sálvese quien pueda”, rematando stock a precios de pérdida para intentar cubrir cheques. Es una carrera contra el tiempo donde el crédito, con tasas de hasta el 65%, funciona más como una soga al cuello que como una ayuda.
El campo, motor histórico de la región, también está en rojo. El desfase es ridículo: un tambero recibe $478 por litro de leche cuando su costo de equilibrio es de $550. Producir en Argentina se ha vuelto una actividad de beneficencia forzosa, donde el productor asume el riesgo y el Estado se lleva el 30% del precio final en impuestos.
La descapitalización es total. El abogado Valentín Martínez confirma que las empresas están “quemando” sus ahorros y capital de trabajo no para crecer, sino para pagar indemnizaciones. Las deudas de las pymes que hoy buscan concurso de acreedores oscilan entre los $2.000 y $10.000 millones, cifras que sentencian cualquier intento de recuperación.
La industria manufacturera está contra las cuerdas. El Monitor de la UIA revela que el 45% de las fábricas ya no puede pagar salarios o servicios básicos. Casi la mitad de los industriales identifica la falta de demanda como su mayor problema, mientras ven cómo los productos importados ganan terreno sin las trabas impositivas que ellos sufren.
Desde la UIA son tajantes: no es falta de eficiencia interna, es un “costo argentino” que destruye la competitividad. Puertas afuera de la fábrica, el empresario se choca con una logística impagable, tasas municipales abusivas e Ingresos Brutos que no existen en los países que exportan hacia nuestro mercado.
El cierre de estas 200 empresas en Tucumán es el prólogo de un 2026 que exige cambios urgentes. Sin una revisión de la carga impositiva y una reactivación del consumo, el “Jardín de la República” corre el riesgo de convertirse en un desierto industrial donde solo sobrevivan los que puedan endeudarse a tasas de usura.
