El Juzgado Civil y Comercial de la V Nominación de Tucumán intervino en la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo provincial y La Libertad Avanza. A través de una medida cautelar, el juez Pedro Daniel Cagna ordenó a la diputada Soledad Molinuevo eliminar posteos de sus redes sociales en los que vinculaba al gobernador Osvaldo Jaldo con supuestos hechos de violencia y prácticas mafiosas.
La resolución judicial responde a una demanda presentada la semana pasada por el mandatario, quien denunció ser víctima de una campaña de desprestigio. El fallo es taxativo: exige la remoción de los contenidos en la red social X y cualquier otra plataforma, prohibiendo además que la legisladora realice afirmaciones de naturaleza similar en el futuro inmediato.
El conflicto escaló cuando Molinuevo publicó mensajes responsabilizando a Jaldo y a su ministro del Interior por cualquier incidente que pudiera afectar a su familia o a su equipo técnico. En sus posteos, la diputada aseguraba que el gobernador “mandó a un empleado a agredir” a sus colaboradores, tildando al oficialismo de representar a la “vieja política”.
La abogada del gobernador, Paula Morales Soria, fundamentó la presentación señalando que se trata de imputaciones de “extrema gravedad” que afectan la investidura institucional. La demanda incluyó un relevamiento detallado de enlaces y capturas de pantalla para demostrar lo que calificaron como un ataque sistemático a la imagen pública del titular del Ejecutivo.
A pesar de la orden de borrar los mensajes, la Justicia no accedió a todos los pedidos de la gobernación. El magistrado consideró prematuro obligar a la diputada a ofrecer disculpas públicas o retractarse en esta instancia, dejando esa definición para una eventual sentencia definitiva tras el debate sobre el fondo del asunto.
La noticia fue adelantada por el propio Jaldo durante una conferencia de prensa, lo que generó malestar en la defensa de Molinuevo. La legisladora libertaria alegó que no fue notificada formalmente y sembró sospechas sobre la celeridad del trámite judicial, sugiriendo una supuesta falta de imparcialidad en el proceso.
Por su parte, los representantes legales del Ejecutivo ratificaron que el procedimiento de notificación se cumplió de manera efectiva el domingo 15 de marzo. Instaron a la diputada a abandonar la retórica mediática y a ejercer su defensa dentro del marco legal del expediente, donde aseguran contar con pruebas contundentes.
La presentación judicial también hace hincapié en el concepto de “violencia digital”, una categoría que gana terreno en la jurisprudencia argentina. Para los abogados del mandatario, el uso de las redes sociales como herramienta de difamación busca influir maliciosamente en la opinión pública sin pasar por el filtro de la verdad.
Con este fallo, el tablero político tucumano entra en una fase de incertidumbre jurídica. Mientras Molinuevo evalúa sus próximos pasos legales, el antecedente sienta un precedente relevante sobre cómo la Justicia provincial pretende moderar expresiones dialécticas en las plataformas digitales de los funcionarios públicos.
