Por Dr. Santiago González Díaz ( Consultor Político )
Las tragedias no solo desnudan carencias materiales; también exponen la arquitectura moral y política de una sociedad. En esos momentos críticos se vislmbra, con mayor claridad, lo mejor y lo peor de la vida pública: la generosidad genuina de quienes ayudan sin cálculo, pero también la especulación de quienes convierten el dolor ajeno en una oportunidad de posicionamiento. En ese sentido, toda catástrofe funciona como una escena de revelación: muestra quién actúa por responsabilidad, quién por reflejo comunitario y quién, simplemente, por conveniencia.
La transformación tecnológica profundizó este fenómeno. Vivimos en una época de hipercomunicación en la que el sufrimiento circula en tiempo real, atraviesa pantallas, se vuelve imagen, titular, contenido. La solidaridad ya no solo se ejerce: también se muestra, se registra, se comenta, se disputa. Esto tiene una dimensión positiva, porque amplía la capacidad de visibilizar necesidades y movilizar recursos. Pero también tiene un reverso inquietante: la ayuda corre el riesgo de quedar subordinada a la lógica de la exposición. Como advertía Byung-Chul Han, en las sociedades contemporáneas la visibilidad deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo. Bajo esa lógica, incluso el gesto solidario puede quedar capturado por la necesidad de exhibición.
Ahí aparece un problema central de la política contemporánea: cuando toda acción necesita ser narrada para existir públicamente, la frontera entre compromiso real y performance estratégica se vuelve cada vez más difusa. No alcanza con ayudar; parecer que se ayuda también se vuelve indispensable. Y en ese pasaje, la tragedia deja de ser solamente una urgencia humanitaria para convertirse en escenario de competencia simbólica. Guy Debord lo había anticipado al pensar la sociedad del espectáculo: la realidad no desaparece, pero queda mediada por imágenes que organizan la percepción colectiva. En una catástrofe, entonces, no solo se disputa la asistencia concreta, sino también el relato de quién estuvo, quién llegó primero, quién se comprometió más, quién capitalizó mejor el momento.
Desde una perspectiva política, esto no debería sorprender. El conflicto es inherente a la vida pública. La política no elimina la disputa: la organiza. Pero cuando una tragedia irrumpe, esa disputa adquiere una sensibilidad particular porque se monta sobre cuerpos vulnerables, pérdidas materiales, miedo e incertidumbre. Allí se vuelve visible una tensión decisiva: por un lado, la posibilidad de construir consensos mínimos frente al dolor social; por otro, la tentación de apropiarse del sufrimiento para traducirlo en rentabilidad política. Lo que está en juego no es solamente la eficacia de la respuesta, sino la calidad ética de la representación.
Daniel Innerarity sostiene que la política democrática contemporánea enfrenta el desafío de gestionar sociedades cada vez más complejas sin caer en simplificaciones extremas. Una tragedia exige justamente eso: coordinación, prudencia, responsabilidad institucional y capacidad de actuar sin convertir cada gesto en un episodio de campaña. Sin embargo, los contextos marcados por la aceleración mediática y el acortamiento de los tiempos electorales dificultan esa racionalidad. La urgencia humanitaria convive con la urgencia del posicionamiento. Y así, la solidaridad corre el riesgo de ser absorbida por la lógica de la competencia permanente.
También conviene preguntarse qué vidas logran conmover de verdad y cuáles quedan rápidamente desplazadas del centro de la escena. Judith Butler ha mostrado que no toda precariedad es reconocida del mismo modo. No todo dolor recibe la misma atención ni la misma legitimidad pública. En ese sentido, la cobertura, la reacción y la politización de una tragedia también revelan jerarquías sociales: quién merece duelo, quién merece asistencia, quién merece centralidad. La solidaridad, entonces, no es solo un acto moral; también es una práctica atravesada por relaciones de poder.
Por eso, cuando observamos escenas de ayuda colectiva en contextos de desastre, no basta con celebrar la emoción solidaria ni con condenar automáticamente su exposición pública. El análisis debe ser más fino. Hay una solidaridad auténtica, concreta, material, que sostiene a una comunidad cuando el Estado no alcanza o llega tarde. Pero también hay una solidaridad convertida en recurso narrativo, en capital simbólico, en mecanismo de apropiación política. Y entre una y otra no siempre hay un límite nítido.
Lo más inquietante de nuestro tiempo es, justamente, esa ambivalencia. La hiperconectividad democratizó la palabra y por supuesto incrementó la capacidad de organización social, pero también banalizó el sufrimiento al someterlo a la lógica del consumo inmediato. La tragedia se vuelve tendencia; la empatía, comentarios; la ayuda, contenido organico. En ese marco, el verdadero desafío político y ético consiste en preservar la densidad humana de la solidaridad frente a su constante mediatización.
A fin de cuentas, las catástrofes no solo ponen a prueba la capacidad de respuesta de un gobierno o de una comunidad. Examinan algo más profundo: la forma en que una sociedad decide vincularse con el dolor ajeno. La política contemporánea enfrenta una disyuntiva que puede o no incomodar: frente al sufrimiento colectivo, o construye responsabilidad compartida, o reduce la tragedia a una escena más de la batalla por la visibilidad. Y esa diferencia no es menor: ahí se define si la solidaridad será un puente cívico o apenas otra mercancía del espectáculo público.
En tiempos donde todo se comunica, el verdadero riesgo no es solo la visibilidad del dolor, sino su administración como recurso. La solidaridad no necesita espectáculo, aunque indudablemente debe atravesarlo. La política, si quiere conservar sentido, no puede confundir presencia con cuidado y deberia siempre priorizar a las personas por sobre la escena.
