Desde LLA Tucumán aseguran que el procedimiento se realizó en medio de un contexto de tensión política entre Jaldo y Mieli
En las últimas horas, un operativo policial allanó la vivienda del influencer libertario Benjamín Gosen en la capital tucumana. El procedimiento, se desconoce si fue o no ordenado en el marco de una causa judicial por amenazas e intimidaciones en redes sociales, que generó inmediato revuelo político.
Gosen, figura activa de La Libertad Avanza con fuerte presencia digital, no se encontraba en el domicilio al momento del ingreso de los efectivos. Según su propio relato y denuncias de su espacio, los policías revisaron solo dos habitaciones —la suya y la de una prima— y tomaron fotografías, lo que él mismo cuestionó como posible irregularidad en la orden judicial.
El allanamiento no es un hecho aislado. Se produce días después de que Gosen publicara un video referido a la brutal agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli (LLA) y denunciara haber recibido más de diez amenazas de muerte en apenas 48 horas.
El espacio libertario habló directamente de “hostigamiento policial” y “amedrentamiento” contra un opositor al gobierno provincial.
Para entender la magnitud del episodio hay que retroceder apenas una semana. El 12 de marzo, en plena emergencia por las inundaciones que azotaron el sur tucumano, el diputado Pelli se dirigía a La Madrid para entregar donaciones. En la ruta, un hombre identificado como Marcelo “Pichón” Segura —empleado comunal y vinculado históricamente al peronismo local— le impidió el paso. Tras un breve cruce verbal (“¿Quién sos vos para no dejar pasar?”), Segura le propinó un violento cabezazo en pleno rostro. El impacto fracturó la nariz de Pelli, provocó una hemorragia profusa y lo dejó inconsciente por momentos. El video del ataque se viralizó en minutos. Segura fue detenido inmediatamente, imputado por lesiones graves agravadas por alevosía y recibió cuatro meses de prisión preventiva.
La Justicia actuó con celeridad, pero el caso desató una tormenta política que aún no amaina.
El quiebre institucional y la convivencia Jaldo-Milei bajo presión
Hasta ese momento, la relación entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el presidente Javier Milei se sostenía en un delicado equilibrio. Jaldo, peronista pragmático, había mantenido canales de diálogo con la Casa Rosada pese a las diferencias ideológicas. La provincia necesitaba fondos nacionales y Milei buscaba gobernabilidad en el norte. Esa “convivencia” se expresó públicamente: ambos repudiaron el ataque a Pelli. Jaldo lo hizo con “absoluta firmeza”: “La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia”. Milei, en cambio, fue más duro y político: compartió el video y escribió: “Esto es lo que tenemos del otro lado”, señalando claramente al peronismo como responsable del clima de hostilidad. Pero las palabras de repudio no alcanzaron.
Desde LLA acusaron a Segura de tener vínculos con el ministro del Interior provincial, Darío Monteros. Jaldo ratificó a su funcionario y cargó contra “la oposición” por politizar la tragedia de las inundaciones. Paralelamente, el gobernador impulsó una cautelar contra la diputada nacional libertaria Soledad Molinuevo por publicaciones en redes que lo responsabilizaban. El clima se enrareció tanto que, antes de la visita prevista de Milei a Tucumán, desde la Casa Rosada ya se hablaba de “ambiente hostil”.
En ese marco de desconfianza mutua, el allanamiento a Gosen aparece como un nuevo capítulo. Para los libertarios es una señal clara de que la disidencia digital se persigue con operativos policiales. El video que Gosen difundió sobre el cabezazo de Pichón Segura —crítico con la gestión local— habría desencadenado las intimidaciones que él mismo denunció y, ahora, el procedimiento que lo tiene en el centro.
¿Hasta dónde llega la grieta?
Lo que está en juego no es solo un allanamiento o una causa por tuits. Es la convivencia política entre un gobernador peronista y un presidente libertario que, hasta hace poco, se necesitaban mutuamente. La violencia física (el cabezazo), la violencia verbal (las amenazas cruzadas) y ahora la acción judicial-policial ponen a prueba la estabilidad institucional tucumana. Jaldo insiste en la “solidaridad” como bandera en medio de la emergencia hídrica. Milei, en cambio, usa el caso Pelli para mostrar que “del otro lado” sigue existiendo la vieja cultura del apriete. Mientras tanto, un influencer libertario ve allanada su casa y un diputado nacional carga con una fractura nasal que, simbólicamente, parece reflejar la fractura que se abrió en la relación Jaldo-Milei. La Justicia deberá determinar si Gosen amenazó o fue amenazado. La política, en paralelo, deberá decidir si este episodio marca el punto de no retorno en la convivencia entre el peronismo tucumano y el mileismo nacional. Por ahora, lo único claro es que la grieta ya no es solo discursiva: tiene allanamientos, cabezazos y una provincia que, una vez más, se debate entre la emergencia y la confrontación.
