La Legislatura de Tucumán volvió a intervenir sobre el sistema de colectivos con una decisión que expone tanto la fragilidad del servicio como las tensiones políticas que lo rodean. El oficialismo aprobó la prórroga de la emergencia en el transporte público hasta 2028, una herramienta que permite sostener el esquema de subsidios en un contexto de aumento de costos.
La norma (que vencía el 31 de mayo de 2026) fue extendida por dos años más pese al rechazo de sectores opositores, que cuestionaron tanto la calidad del servicio como la reiteración de este tipo de medidas excepcionales.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta necesaria para evitar el colapso del sistema. El legislador Tulio Caponio explicó que la ley funciona como el “brazo ejecutor” que permite al Poder Ejecutivo transferir fondos a las empresas de transporte.
En ese marco, los números reflejan la magnitud del esquema: en el último mes, la Provincia aportó más de $5.000 millones a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), mientras que el municipio capitalino sumó cerca de $2.000 millones.
El argumento central es que las condiciones que originaron la emergencia no solo persisten, sino que se agravaron. El aumento en los costos de combustible y salarios aparece como uno de los principales factores que presionan sobre la estructura del sistema.
Críticas por el servicio y la falta de soluciones de fondo
Desde la oposición, el debate estuvo atravesado por cuestionamientos más estructurales. Legisladores de distintos espacios coincidieron en que la prórroga consolida un modelo que no resuelve los problemas de fondo.
El deterioro del servicio, las demoras y la baja frecuencia fueron algunos de los puntos más señalados. También se remarcó la caída en la cantidad de usuarios: según estimaciones mencionadas en el recinto, el corte de boletos se redujo cerca de un 50% desde 2019.
En ese contexto, se planteó que los usuarios terminan siendo “rehenes” de un sistema que no mejora, mientras los subsidios continúan creciendo.
La discusión dejó en evidencia una tensión de fondo: sostener el sistema actual o avanzar hacia una reforma más profunda. Mientras el oficialismo prioriza la continuidad operativa, la oposición insiste en que la emergencia se convirtió en una solución permanente.
La prórroga hasta 2028 garantiza, por ahora, la continuidad del esquema vigente. Pero también prolonga un debate que sigue sin resolverse: cómo transformar un servicio clave que, pese a la inversión millonaria, continúa bajo cuestionamiento.
