Una auditoría interna encendió alarmas dentro del PAMI. Lo que comenzó como un cruce de datos terminó revelando un entramado de prácticas irregulares en prestaciones oftalmológicas que, según los informes, no se limita a un caso aislado sino que se repite en distintas provincias.
El relevamiento, basado en el sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y en controles específicos, dejó al descubierto patrones que combinan sobrefacturación, prácticas inexistentes y recetas sin respaldo clínico. Un circuito que impacta de lleno tanto en los afiliados como en las finanzas del organismo.
Uno de los mecanismos más extendidos detectados fue la sobrefacturación en la entrega de anteojos. En varios casos, los pacientes recibían lentes económicos, pero al sistema se le facturaban módulos de mayor valor.
La diferencia no es menor: mientras un módulo básico ronda los $4.941, en los registros aparecían montos que superaban los $27.000. La brecha expone un margen de ganancia irregular que se repite en distintos puntos del país.
La investigación también identificó la facturación de consultas y estudios que directamente no se realizaron. En algunos relevamientos, hasta la mitad de las órdenes carecía de historia clínica que las justificara.
A esto se sumó la manipulación de códigos médicos para encarecer prácticas simples, una maniobra que incrementa artificialmente los costos del sistema sin mejorar la atención de los afiliados.
Otro de los hallazgos apunta a la existencia de circuitos cerrados entre médicos y ópticas. Profesionales que derivaban sistemáticamente a un único prestador, en muchos casos con vínculos personales o familiares.
Este esquema generaba beneficios económicos directos y, en paralelo, restringía la libertad de elección de los afiliados. Incluso se detectaron situaciones en las que los pacientes debían pagar por lentes que, en realidad, estaban cubiertos por la obra social.
Casos testigo en distintas provincias
Los informes detallan ejemplos concretos. En Santiago del Estero se identificaron más de 600 casos de sobrefacturación dentro de un mismo circuito. En Mar del Plata, se registraron prácticas cobradas que debían ser gratuitas y estudios sin respaldo médico.
En Entre Ríos, otro profesional acumuló cientos de irregularidades, con recetas emitidas sin parámetros clínicos claros. Los patrones, según los auditores, se repiten con variaciones pero bajo una lógica común.
Las auditorías forman parte de un proceso más amplio de control sobre el sistema OME. En ese marco, ya se iniciaron al menos seis causas judiciales por defraudación contra la administración pública, además de sanciones administrativas a prestadores involucrados.
El análisis también detectó situaciones difíciles de justificar, como profesionales que registraban volúmenes de atención incompatibles con una jornada laboral, con cientos de consultas en pocas horas o turnos superpuestos.
El avance de estas investigaciones se da en paralelo a un proceso de revisión interna del organismo. Según datos oficiales, se recortaron cerca de $90.000 millones en gastos considerados innecesarios y se implementaron nuevos sistemas de control.
Con más de cinco millones de afiliados, el desafío del PAMI es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. Las autoridades anticiparon que las auditorías continuarán y que no se descarta la aparición de nuevas irregularidades en otras áreas del sistema.
