La necesidad de compensar la pérdida del poder adquisitivo empujó a miles de personas de más de 65 años a reinsertarse en el mercado laboral. Según datos del INDEC, el empleo en este sector creció un 32,6% desde 2016, duplicando el ritmo del crecimiento laboral general.
Las filas de personas buscando trabajo en frigoríficos o comercios ya no solo muestran a jóvenes, sino que exponen una realidad que se profundiza en todo el país: jubilados que vuelven a la actividad porque sus haberes no cubren lo básico. Un informe de Politikon Chaco, basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), revela que la cantidad de adultos mayores ocupados aumentó muy por encima del 17,8% que registró el empleo general en el mismo periodo.
Esta tendencia es el reflejo directo del deterioro de las jubilaciones ante la inflación y el aumento constante de la canasta básica. Al cierre de 2025, se contabilizaron 686.160 personas mayores de 65 años trabajando en los principales aglomerados urbanos de Argentina. Aunque son el 5,1% del total de ocupados, la cifra representa el nivel más alto desde que se inició la serie estadística, con una tasa de actividad récord del 18,9%.
La brecha entre el ingreso y el costo de vida
La jubilación mínima, que se ubica en $473.174 incluyendo el bono de $70.000 congelado desde marzo de 2024, queda muy lejos de los gastos reales. En marzo, la canasta básica para un jubilado en Buenos Aires llegó a $744.990, mientras que la total superó los $973.000, considerando que tengan vivienda propia. Esa diferencia obliga a miles de adultos mayores a buscar ingresos extra para pagar medicamentos, servicios y alimentos.
Cuentapropismo e informalidad
El estudio también detectó que casi la mitad de estos trabajadores (48,1%) son cuentapropistas, el porcentaje más alto en nueve años. Los especialistas señalan que no se trata de una elección por mantenerse activos, sino de una estrategia de supervivencia económica. Los rubros con mayor presencia son la construcción (12,7% de los cuentapropistas mayores), el comercio de alimentos y bebidas (11,3%) y actividades profesionales vinculadas al derecho o la contabilidad (7,8%).
Además de la necesidad de trabajar, la calidad de ese empleo es deficiente. La informalidad en los asalariados mayores de 65 años saltó del 47% en 2016 al 55,7% en 2025. Actualmente, más de la mitad de los jubilados que trabajan lo hacen sin aportes ni registración formal, quedando fuera de cualquier sistema de protección laboral.
