Habría falseado consultas para cobrar pagos indebidos.
Un médico fue imputado por una presunta maniobra fraudulenta contra el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst), luego de que una investigación detectara que habría cargado consultas médicas inexistentes utilizando los datos personales de un afiliado sin su autorización.
Según la acusación presentada por el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, el profesional habría ingresado ilegalmente al sistema informático de la obra social provincial para registrar falsas atenciones médicas correspondientes a los días 3 de febrero, 9 de marzo, 13 de abril y 11 de mayo de 2024. El objetivo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, era lograr que el organismo efectuara pagos indebidos antes de que se descubriera la maniobra.
La irregularidad salió a la luz luego de que el afiliado damnificado denunciara la situación. A partir de allí, se inició una investigación interna que permitió constatar que el paciente no había vuelto a atenderse con el profesional y que tampoco había autorizado las consultas registradas en el sistema.
Ante esta situación, el representante del Ministerio Público Fiscal acusó formalmente al médico por el delito de defraudación agravada, debido a que la presunta víctima es la administración pública.
Antecedentes y sanciones
Durante la audiencia, Rodríguez del Busto advirtió que no sería la primera vez que el imputado incurre en este tipo de conductas. Según una resolución emitida por el Subsidio de Salud de Tucumán, el profesional ya había sido sancionado en agosto de 2024 tras denuncias de otros dos afiliados que aseguraron no conocerlo ni haber recibido prestaciones facturadas a su nombre.
En aquella oportunidad, el médico fue suspendido como prestador de la obra social durante 60 días. Ahora, a raíz de esta nueva denuncia, recibió una segunda suspensión por 120 días.
Desde el Ipsst indicaron que el profesional aún no fue dado de baja definitivamente del padrón de prestadores, aunque precisaron que la última facturación registrada corresponde a junio de 2025.
Medidas judiciales
Luego de exponer las pruebas reunidas hasta el momento, la Fiscalía solicitó que el acusado quede sometido a medidas de coerción de menor intensidad durante cuatro meses, con el objetivo de garantizar su permanencia a disposición de la Justicia y evitar posibles interferencias en la investigación, especialmente en la obtención de pruebas informáticas.
Entre las diligencias pendientes, el Ministerio Público espera que el Ipsst informe el monto total que habría cobrado el imputado por las supuestas prestaciones médicas. Además, se prevé incorporar comprobantes de consultas particulares abonadas por el afiliado damnificado, para calcular el perjuicio económico ocasionado.
Finalmente, tras evaluar los elementos expuestos por las partes, la jueza Eliana Gómez Moreira resolvió hacer lugar a las medidas solicitadas, aunque redujo el plazo a tres meses.
